Nueva cruzada de los Franco con el Gobierno por los títulos nobiliarios

Se reactiva la Ley de Memoria Histórica. La Fundación Franco, contraria a una iniciativa «sectaria, totalitaria y guerracivilista»

Los familiares de Franco portan el féretro con sus restos antes del traslado a Mingorrubio
Los familiares de Franco portan el féretro con sus restos antes del traslado a Mingorrubio FOTO: Emilio Naranjo EFE

Ofensiva del PSOE en el Gobierno para reactivar la Ley de Memoria Histórica impulsada por Zapatero en 2007. Si una de las primeras medidas a adoptar por el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue exhumar a Franco, llega el turno de la anunciada supresión de títulos nobiliarios y condecoraciones otorgadas por el franquismo. La iniciativa incluye encargar al Gobierno las labores de exhumación de fosas, la confección de un censo de víctimas y un banco de ADN que facilite las identificaciones, y destinar partidas anuales para financiar la exhumación de restos en Cuelgamuros, solicitada en reiteradas ocasiones por los familiares afectados.

La nueva Ley de Memoria del PSOE contempla la supresión de los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977 o posterior «que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura», entre los que se incluiría el Ducado de Franco –otorgado por el Rey Juan Carlos en 1975– que ostentan los herederos del dictador, abocados una vez más a defender sus intereses.

La iniciativa incluye la revocación de las condecoraciones policiales concedidas en el franquismo cuando quede acreditado que el beneficiario hubiese «realizado u observado conductas manifiestamente incompatibles» con la Orden del Mérito Policial o de la Guardia Civil.

250 agentes movilizados para la exhumación

El Gobierno movilizó a 250 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la exhumación y traslado del féretro de Franco, el 24 de octubre pasado. Una decena de dispositivos se desplegaron ese día por la mañana, tal y como ha detallado el Ejecutivo al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en la respuesta a una pregunta escrita. Los cometidos de tales dispositivos fueron: seguridad perimetral del Valle de los Caídos, seguridad exterior en la basílica, seguridad interior de la basílica, «antidrones», seguridad en los accesos al Valle, seguridad del transporte hasta Mingorrubio y un helicóptero.

El texto prevé la aprobación de un real decreto que determinará el nuevo marco jurídico para el Valle de los Caídos, que pasará a ser cementerio civil en el que solo podrán yacer los restos de fallecidos por la guerra, y «se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto», en clara referencia a los del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera. En paralelo, se pone fecha de caducidad a la Fundación de la Santa Cruz del Valle.

Asimismo establece que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley se modifiquen las leyes de asociaciones y fundaciones para declarar ilegales las que públicamente inciten directa o indirectamente al odio o la violencia contra las víctimas de la guerra o la dictadura.

Este punto ha alertado a los responsables de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que tildan de «previsible» el anuncio de una remozada ley «de nuevo sectaria, totalitaria y guerracivilista». Desde la institución se preguntan «si el Gobierno cumplirá la Ley de Memoria Histórica del Parlamento Europeo» e ilegalizará también las «fundaciones de carácter marxista», en referencia a la Resolución 2019/2819 RSP de Bruselas condenatoria del comunismo y el nazismo.

Fuentes de la FNFF consideran que «la reforma ahonda en la progresiva cercenación de las libertades, que es el signo de este gobierno frentepopulista. El Ministerio de la Verdad ya está aquí y viene para quedarse. Pero no nos rendiremos jamás».

Respecto a los títulos nobiliarios, desde la Fundación Franco consideran que es «un intento de humillar a la Corona obligando al Rey –el único que puede concederlos y revocarlos– a anular los que concedió su padre en atención a los méritos contraídos por determinadas personas». Hay que recordar que fue Juan Carlos I quien otorgó el Ducado de Franco a Carmen Franco Polo, hija del dictador. «Ignoramos si ese catálogo incluirá la designación de Don Juan Carlos como Rey de España, decisión que fue de Francisco Franco», dicen las mismas fuentes.

Asimismo, los socialistas han registrado otra iniciativa con la que instan al Gobierno a auditar y devolver bienes expoliados por el franquismo a sus legítimos titulares, así como a la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público, un conflicto ahora mismo en los tribunales.