Celaá aprobará su ley de Educación sin consenso y por vía exprés

El Gobierno rescatará del cajón la reforma educativa de la Lomce que aprobó hace un año, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, después de que su tramitación parlamentaria en el Congreso quedara suspendida por la última convocatoria electoral. La llevará para su aprobación «en breve», como un proyecto nuevo, según fuentes de Educación. Y además lo hará sin mover una sola coma del antiguo texto y saltándose trámites. Es decir, sin pasar por el Consejo Escolar ni por el Consejo de Estado, dos órganos de consulta habituales cuando se trata de modificar leyes orgánicas. Educación así gana tiempo al entender que el Consejo Escolar del Estado ya vio el proyecto de ley hace un año. Tampoco cree que el Consejo de Estado deba opinar sobre esta norma, tal y como hizo cuando presentó su reforma. Entonces alegó que no era preceptivo porque la ley no obliga a someter a dictamen a leyes orgánicas. Pero desde distintos ámbitos políticos y la opinión jurídica mayoritaria es que, tratándose de cuestiones relevantes como es la educación, es necesario que pase por el órgano consultivo del Estado.

Educación consigue así que la reforma empiece su tramitación cuanto antes en el Congreso, donde se introducirán cambios o propuestas de su socio de Gobierno o de otros grupos parlamentarios por la vía de las enmiendas. Además, se da la circunstancia de que el espíritu de la reforma no entra en colisión con el acuerdo de gobierno firmado con Podemos, con lo que no habría reticencias de la formación morada a que la reforma se tramitase cuanto antes.

Sin embargo, se trata de un proyecto de ley que se llevará a la Cámara Baja sin consenso de los grupos políticos, sindicatos ni comunidad educativa.

La existencia de una nueva norma permitiría cumplir una de las prioridades del Gobierno de Sánchez en materia educativa, como es enterrar la Lomce, la ley que hizo el PP con el ministro Wert y que luego suavizó Méndez de Vigo y que lleva vigente siete años. De salir adelante la ley socialista, su aprobación sería ya la octava ley educativa de la Democracia.

Celaá ya justificó en su día la necesidad de un cambio legal con el argumento de que se trataba de una «ley imprescindible» después de que la Lomce «haya hecho bajar el número de graduados en la Educación Secundaria y eso no conviene porque nos separa del trabajo que viene haciendo la Unión Europea sobre las competencias educativas». Desde el ámbito político, sin embargo, se consideró que no estaba consensuada.

Algunos sectores, ya se han puesto en guardia a la vista del nuevo escenario que se plantea. Es el caso de la escuela concertada, teniendo en cuenta que el proyecto de ley que pretende sacar adelante Celaá elimina el concepto de «demanda social» que blindaba a la concertada en la Lomce y que permitía la apertura de colegios si había demanda de los padres.

«Desde Escuelas Católicas consideramos que el planteamiento del Ministerio de Educación de tramitar de forma urgente la nueva ley educativa contradice sus deseos de consenso y de lograr un verdadero pacto educativo que dé estabilidad a nuestro sistema educativo», explica a LA RAZÓN Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas. Es por esto por lo que «pedimos un diálogo abierto y constructivo con todos los sectores afectados que dé credibilidad a la nueva reforma y respete los derechos de los padres que eligen la enseñanza concertada».

De momento, algunos sindicatos, como el de profesores de la escuela pública, ANPE, ya han remitido a los grupos parlamentarios un escrito con los cambios que, desde su punto de vista, deberían incluirse en la reforma educativa. El presidente de ANPE, Nicolás Fernández, considera que «si el Gobierno remite el mismo texto de hace un año al Congreso, no se correspondería con la reforma global y profunda que necesitaría el sistema educativo, quedaría corta para dar respuesta a los desafíos que plantea la educación». Es más, considera que debería elaborarse una ley educativa que partiera de cero a la vista de que la actual reforma «se inserta en la arquitectura jurídica de leyes antiguas». Es decir, considera que es un «parcheo» de la Lomce y de la antigua LOE. De ahí que esta reforma reciba el apelativo de «Lomloe». Además cree que es necesario hacer, de una vez por todas, un estatuto de la función docente.

Por su parte, el sindicato CC OO ya ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a dar la máxima prioridad a la derogación de la Lomce y a recuperar la inversión en educación. El sindicato considera «indispensable» mejorar la formación inicial y permanente del profesorado, racionalizar el acceso a la carrera docente y mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales del sector.