Casado arma un equipo para judicializar el pacto con ERC

Magistrados y ex vocales del CGPJ explorarán cada semana todos los recursos contra la estrategia política de Sánchez en Cataluña. Usan apoyo técnico de independientes

Pablo Casado ha constituido en la sombra de Génova un equipo jurídico que tiene como mandato judicializar la «desjudicialización del conflicto político» que ha pactado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ERC para sacar adelante su investidura, y de la que depende, además, la «mesa» entre Gobiernos y la aprobación, a su vez, de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este equipo se reúne cada semana y trabaja ya en preparar los posibles recursos a todas las decisiones políticas que materialicen, a juicio de los populares, el compromiso de Sánchez de sacar el «procés» de los tribunales y de aliviar la carga penal de los líderes independentistas del referéndum ilegal del 1-O.

La maquinaria está ya en marcha y la próxima semana el PP recurrirá la continuidad de Quim Torra como presidente de la Generalitat, una vez que se ha hecho efectiva la retirada de su escaño. El equipo jurídico valora si opta por la vía contencioso-administrativa o si recurre al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero el debate saldrá del Parlamento catalán, donde los partidos secesionistas tienen la mayoría, para llegar a los tribunales, salvo que antes haya una convocatoria electoral. También de inmediato, en cuanto pase el examen parlamentario y lo ratifique el Consejo de Ministros, recurrirán ante el Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado «por su parcialidad».

Y así con todas las decisiones que pueda adoptar el nuevo Gobierno «en tanto haya margen para llamar a la puerta de los tribunales». De donde Sánchez quiere sacar todo el debate catalán, una vez que la necesidad del apoyo independentista le ha obligado a un cambio radical en su discurso sobre Cataluña. Antes estaba en el rechazo a la negociación con Torra, en la defensa de la vía judicial, en la penalización del referéndum ilegal o en la negación de la solución Pedralbes y de las «mesas» de negociación de «tú a tú» entre la Generalitat y el Gobierno central. Ahora ya hay fecha hasta para la entrevista con Torra, pese a su condena por desobediencia, su inhabilitación y sus proclamas a favor de la desobediencia y el desacato a las decisiones judiciales en el Parlamento de Cataluña. También hay «mesa» y una propuesta de reforma penal para facilitar a Oriol Junqueras y a los condenados por el «procés» librarse antes de la pena de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo.

El equipo jurídico del PP es la pieza clave de su estrategia de oposición. La base del tradicional «Gobierno en la sombra» del que hablan todos los partidos cuando abandonan las responsabilidades ejecutivas. Dentro del PP hay voces que reclaman una oposición constructiva, pero también es un hecho que la estrategia de Sánchez va dirigida a cegar el espacio para que el PP pueda desarrollar esa oposición más constructiva porque lo que busca es la confrontación total entre derecha e izquierda para aglutinar a su mayoría de investidura y agitar la pancarta de que la alternativa la representa exclusivamente Vox.

La activación de esta judicialización de la «desjudicialización» de Sánchez la coordina el «número dos» del partido, Teodoro García Egea. Con el apoyo jurídico de Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y actual secretario de Justicia e Interior del PP, además de consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid; de Fernando de Rosa, ex vicepresidente del CGPJ y magistrado en servicios especiales en la Audiencia Provincial de Valencia; o de Isabel Borrego, representante del PP en la Junta Electoral Central (JEC), entre otros. Tienen apoyo técnico ajeno a las siglas del partido. De Rosa es senador y Borrego, diputada.

Hasta el momento no se ha producido ningún contacto entre Moncloa y el principal partido de la oposición para la renovación del Poder Judicial. Pero con independencia de cómo lo vistan en el discurso coyuntural, la decisión de fondo sobre la que trabaja la dirección del PP se sostiene en el principio de que no facilitarán en ningún caso la renovación en tanto no se revise la decisión de colocar a la ex ministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía. El argumentario de Génova se lo han escrito en Moncloa con esta polémica decisión: no habrá renovación porque, según alegan, «lo que quiere Sánchez es colocar al Poder Judicial al servicio de sus cesiones al independentismo para mantenerse en el poder». Dicen también que su obligación es hacer de dique contra los «abusos de poder» del Gobierno socialista y evitar, con este plante, que el presidente del Gobierno pueda «torcer la ley» para cumplir sus pactos.

La investidura de Sánchez ha supuesto una ruptura en la continuidad de la política constitucionalista, con sus matices, frente al «procés», y el PP usará la vía judicial para completar la alternativa parlamentaria, condenada a no prosperar al estar en minoría en el Congreso y sin ni siquiera tener garantizada la unidad de acción de la derecha por la posición de Vox.