El Gobierno teme que la reunión con Torra se convierta en una «trampa» para Sánchez

La reunión sigue en agenda. Pedro Sánchez se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el próximo jueves 6 de febrero en Barcelona. Así lo aseguró ayer el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la misma dinámica de defensa del diálogo sin fisuras sostenida por Moncloa en los últimos días. «El diálogo siempre es bueno en política», señaló, para puntualizar seguidamente que «nos pagan un salario por dialogar con todo el mundo, no solamente con quien te cae bien o con quien estás de acuerdo». El Ejecutivo se había mantenido hasta ahora invariable en su férrea intención de verse con Torra, a pesar de que sobre él se cerniera la sombra de la inhabilitación, que ya habían apuntado tanto la Junta Electoral Central (JEC) como el Tribunal Supremo.

Bajo la premisa –compartida con el soberanismo– de que sigue siendo president porque el acta de diputado es imprescindible para ser elegido, pero –una vez ungido– no es preceptiva para continuar al frente de la Generalitat; Moncloa le reconocía plena legitimidad a Torra –a pesar de haber perdido su acta– y, por extensión, la idoneidad de un encuentro comprometido previamente con ERC. Sin embargo, dicha idoneidad comienza a flaquear por el rumbo que han tomado los acontecimientos en las últimas horas. En el Gobierno crece la preocupación por la imagen que se proyecte de este encuentro entre Sánchez y Torra y por que no sea, precisamente, beneficiosa para los intereses de Moncloa. La desinflamación puede tener un coste. En el PSOE, por su parte, hablan abiertamente de que podría acabar convirtiéndose en una «trampa».

El propio Torra reconoce que su intención en este encuentro es testar la «voluntad real de abordar el conflicto político» por parte del Gobierno central y «comprobar si hay voluntad de poner fin a la represión y de respetar los principios democráticos más elementales con garantías». Sin embargo, con un president ya situado en precampaña electoral, se espera una escalada dialéctica y una retórica encendida que recupere los principales «hits» independentistas de cara a las urnas, como son el referéndum de autodeterminación o la amnistía a los presos del «procés». Ante este discurso solo cabe la negativa reiterada de Sánchez y su eterna respuesta de que «dentro de la Constitución cabe todo. Fuera de la Constitución, nada». Un diálogo en estos términos abocaría el encuentro a un monólogo baldío del que el Gobierno no obtendría ningún resultado.

Interlocutor no válido

Es más, Torra es ya un líder con fecha de caducidad –a la espera de su inhabilitación– y sin nada que perder, pues no será el candidato de JxCat a los próximos comicios catalanes, por lo que para Moncloa ni siquiera es un interlocutor válido a unos meses vista. Un corto plazo en el que se debería poner en marcha la mesa de diálogo Estado-Generalitat. Un foro pactado con ERC de cara a la investidura que amenaza ya con quedar superado por la dinámica de bloques y la guerra civil que se abrirá entre los independentistas en los próximos meses.

La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña obliga al Gobierno a un esfuerzo de contorsionismo sin precedentes para modular su calendario, de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y desligarlo del catalán. En Moncloa sabían que los comicios eran cuestión de tiempo, pero preferían que se convocaran «de inmediato» y no en diferido como ha hecho Torra, pues esto le confiere el poder de apretar el botón nuclear cuando más le convenga a JxCat y menos a ERC, y –por ende– al Gobierno. Sánchez ya comenzó a estirar los tiempos para la aprobación de las cuentas, desde el primer trimestre del año –que sostuvo en la campaña del 10-N, dentro de su plan «antibloqueo»–, hasta después del verano –como defiende ahora–. En todo caso, la voluntad era iniciar el proceso en marzo, con el fin de aprobar las cuentas en junio. Un plan que, si las elecciones catalanas se celebran en mayo, permitiría a ERC tener las manos libres para apoyar las cuentas sin desgaste antes del verano. Sin embargo, en caso de que Torra retrase sus comicios a julio, dejaría septiembre como último margen temporal para aprobar los Presupuestos.

En Moncloa fían el optimismo, que a veces rezuman, al perfil pragmático de los republicanos, que en la etapa más reciente se han mostrado posibilistas. El propio Gabriel Rufián publicaba ayer un mensaje en Twitter referido a los Presupuestos catalanes, que bien podría extrapolarse a los estatales: «O somos útiles o no somos». Una línea argumental que permite abrir un resquicio a la esperanza.

En el Gobierno creen que un calendario adverso complicaría la posición de ERC que debe marcar perfil de cara a las eventuales elecciones, pero confían en que no acabe frustrando las cuentas. Asumen que tendrán que pagar un alto precio, no solo en materia económica y en lo relativo a los 2.200 millones en inversiones que ya le aseguraron a Cataluña en los de 2019 y que –sin embargo– los independentistas contribuyeron a tumbar. Por esta razón, desde el Ejecutivo se desliza que un apoyo a los Presupuestos permitiría a los republicanos vender ante los suyos, no solo su capacidad de influencia en Madrid, si no que son útiles para mejorar la situación de sus ciudadanos.