El ministro de Justicia tendrá plaza en la Audiencia Nacional cuando deje la política

El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, accedió a la categoría de magistrado en 1998, aunque desde entonces ha dedicado su tiempo más a cargos públicos que al ejercicio de la judicatura. Su vocación política ha primado sobre la judicial, pero ello no ha impedido concursar para obtener mejores destinos o puestos que le resultaran más atractivos para, si decide dejar la política, regresar a la toga. Así, hasta ahora, tenía su destino en una de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Cádiz, en la que estaba como magistrado desde 1991. Desde ese año, la mayor parte de su vida profesional estuvo en instituciones y cargos públicos, con períodos, eso sí, de reincorporación judicial: Director general de Relaciones con la Administración de Justicia en la Junta de Andalucía; vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001 a 2008); secretario de Estado de Justicia cuando al frente del mismo estaba Francisco Caamaño; secretario general de Relaciones con el Parlamento en la Junta de Andalucía y diputado en el Congreso.

Esa intensa actividad pública no ha impedido que, al igual que los demás magistrados o fiscales que ocupan cargos públicos, no ha frenado que escale puestos en el escalafón de la Carrera Judicial. De esta forma, el pasado mes de diciembre optó a una de las plazas de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que le fue otorgada al tener mejor posición en ese escalafón que los demás solicitantes. Su nombramiento salió publicado en el BOE el pasado día 20 y ahora el Consejo General del Poder Judicial cumple el trámite de prorrogarle la situación de servicios especiales.

De esta forma, si Juan Carlos Campo dejase la política y decidiese enfundarse nuevamente la toga, su destino sería la citada Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque no podría intervenir en ningún procedimiento de los que haya podido tener conocimiento en función de su cargo. Ese destino lo tiene ya garantizado.

Esto mismo ha sucedido con el senador del PP Fernando de Rosa, cuyo nombramiento como magistrado con plaza en propiedad de la Audiencia Provincial de Valencia se publicó ese mismo día en el BOE, destino al que regresaría si dejase de ocupar un escaño en la Cámara Alta.

El hecho de que los jueces que se incorporan a la vida política o cargos públicos continúen como si estuviesen en activo a la hora de computar los años de carrera es posible gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que llevó a cabo en septiembre de 20111 el Gobierno que presidía entonces José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta entonces, quienes decidían ese cambio permanecían en excedencia voluntaria y no les computaban esos años a efectos de antigüedad y poder avanzar en el escalafón y, de ese forma, optar a destinos más «apetecibles».