Los barones se rebelan a Sánchez por las concesiones a Cataluña

Negociar con los independentistas y ofrecer concesiones en pro del autogobierno catalán para así apuntalar la Legislatura tiene ya las principales consecuencias para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los barones socialistas se rebelan abiertamente y no se pliegan a las órdenes de Ferraz. Exigen negociaciones frente a frente entre gobiernos autonómicos y el central y apuestan sin tapujos por el autogobierno y reclaman el IVA adeudado de 2017, una vez que el Ejecutivo haya abierto la veda a negociar a través de mesas bilaterales con los independentistas.

Así, una vez que el Gobierno vuelva a ceder ante Esquerra para mantener viva la Legislatura asegurando una reunión de la mesa de negociación antes de la celebración de elecciones autonómicas, Aragón prepara un nuevo frente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez reclamando un acuerdo de financiación específico para reforzar el autogobierno. El presidente socialista aragonés, Javier Lambán exige una negociación enmarcada dentro del Estatuto de Autonomía de Aragón y reconocida en ley orgánica del Estado. El objetivo del barón socialista es llegar a un acuerdo de financiación específico, es decir, que la comunidad autónoma se valga de un régimen económico diferenciado del resto de comunidades con el que poder optar a más recursos económicos. Según adelantó el propio presidente esta semana en las Cortes, pondrá sobre la mesa el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y la reforma «urgente» del sistema de financiación autonómica y las 22 competencias pendientes de transferir. Aragón ya trabaja con el objetivo de que se firme el acuerdo bilateral económico financiero, el pago de la deuda histórica y las inversiones del Estado en la Comunidad.

Lambán –crítico con el independentismo– ve ahora, con el contexto político actual en el que el Gobierno sigue en su hoja de ruta el diálogo abierto con el presidente de la Generalitat, la oportunidad de relanzar su reclamación histórica de que Aragón sea considerado un sujeto diferenciado. Esta misma semana aseguró en las Cortes que aunque «no generará tensiones, ni echará un pulso al Estado», sí «ejercerá la firmeza en la defensa del interés de los aragoneses».

Además de la vía del autogobierno, más barones socialistas plantan cara al Gobierno después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya enfriado las posibilidades de devolución de la liquidación pendiente de IVA de 2017 cifrada en 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, da un ultimátum a Madrid y abre un corto plazo de tiempo para que la ministra busque una solución a la deuda de 130 millones de euros por la recaudación del IVA. En el caso contrario, acudirá a la Justicia. «Estamos en una época en la que estamos inaugurando un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno. Ya me gustaría que se arregle hablando porque si no es así vamos a tener que ir a los tribunales cuando otros, que ya lo están incluso, van a poder opinar sobre el Código Penal [en referencia a Cataluña] que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico», dijo.

El tripartito valenciano continúa la misma estela y desde el Consell, su portavoz Mónica Oltra avisó de que exigirá a Pedro Sánchez el desbloqueo del pago de los 281 millones de IVA adeudados. Precisamente Sánchez se comprometió antes de la investidura con el presidente socialista, Ximo Puig a incluir la reforma de la financiación autonómica entre sus compromisos principales.

Entre la multitud de agendas autonómicas que Sánchez debe resolver se encuentra la asturiana. El Gobierno regional no descarta ninguna medida «administrativa, política o judicial» para exigir al Estado los 75 millones de la liquidación de 2017.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara –crítico con el planteamiento del gobierno de reformar el Código Penal para reducir las penas por sedición y elevar las de rebelión–fue uno de los primeros en cargar contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional pactado esta semana entre el Gobierno y la patronal. Pidió de hecho una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar la subida del SMI. En su primera reacción criticó que «el sector agrario extremeño ha perdido 8.000 empleos en dos meses».