García-Page denuncia a Sánchez en los tribunales por el impago del IVA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consuma su amenaza al Gobierno y hoy dará autorización a los servicios jurídicos de la Junta para que procedan a presentar los recursos jurídicos «que haya lugar» contra la decisión del Gobierno central de no pagar a las comunidades autónomas las liquidaciones del IVA que les corresponden.

Este 23 de enero, el presidente del Ejecutivo autonómico dio un plazo de 12 días al Gobierno para que Hacienda se abriera a la devolución de los 130 millones de euros correspondientes a la recaudación del IVA del año 2017. Se sumaba Castilla-La Mancha a la rebelión iniciada por el Partido Popular que ya ha cursado el mismo camino en comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia, y seguida también en territorios socialistas como Aragón o el principado de Asturias.

El propio García-Page volvía a tender la mano ayer durante su intervención en la presentación de unas «Lanzaderas de empleo», donde manifestó que «ojalá en el curso de la discusión jurídica a la que nos vemos obligados pudiera haber entendimiento» y que además sea con todas las comunidades autónomas. El líder del ejecutivo castellanomanchego iniciaba esta batalla hace unas semanas al Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de poner fin a un adeudo de dos años. Page, uno de los barones más críticos con la formación del nuevo gobierno, apoyada por partidos independentistas, justificaba su decisión de alzar la voz contra el PSOE pues, aseguró, los intereses de Castilla La-Mancha deben estar por encima de los intereses de partido y eso «lo tiene que entender todo el mundo», respaldópresidente.

«Mientras llegue el dinero, bien, pero me molestaría que acabara pagándose el IVA a las comunidades autónomas porque lo pida un diputado de alguna parte de España o porque se le ocurra a los independentistas», aseguró. La decisión de Page no tiene «vuelta de hoja», avisó, para deslizar la posibilidad de que desde el Gobierno busquen otros caminos para evitar retomar la negociación con las comunidades autónomas. «Esto no tiene vuelta de hoja, independientemente de que siempre se pueden buscar triquiñuelas jurídicas para escaparse de las responsabilidades».

Desde Hacienda, niegan cualquier tipo de negociación futura. La semana pasada confirmaron que el gabinete que dirige María Jesús Montero no tiene intención de abonar los 2.500 millones que le exigen el conjunto de las comunidades. La reflexión que se hace desde el departamento es que fue el ex ministro Cristobal Montoro el que llevó a cabo el cambio normativo del IVA y generó la polémica cuestión de financiación autonómica.

Page no es el único barón socialista que pone en cuestión el nuevo Ejecutivo de Sánchez. El presidente socialista aragonés, se suma a las críticas, y la semana pasada aseguró en las Cortes que aunque «no generará tensiones, ni echará un pulso al Estado», sí «ejercerá la firmeza en la defensa del interés de los aragoneses». El presidente autonómico exige también una negociación enmarcada dentro del Estatuto de Autonomía de Aragón y reconocida en ley orgánica del Estado. El objetivo del barón socialista es llegar a un acuerdo de financiación específico, es decir, que la comunidad autónoma se valga de un régimen económico diferenciado del resto de comunidades con el que poder optar a más recursos económicos. Pondrá sobre la mesa el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y la reforma «urgente» del sistema de financiación autonómica.