Carlos García Juliá, el pistolero ultra que hizo temblar la Transición

Carlos García Juliá, un sanguinario pistolero de extrema derecha, no dudó en vaciar a sangre fría el cargador de su arma sobre tres abogados vinculados al sindicato CC OO, un estudiante de Derecho y un administrativo en el despacho laboralista del número 55 de la calle de Atocha, en Madrid. Los cinco murieron, y cuatro más resultaron heridos de gravedad. Era el 24 de enero de 1977, y García Juliá, que entonces contaba 24 años, acababa de protagonizar junto a dos compinches también vinculados a Fuerza Nueva, uno de los episodios más oscuros y tenebrosos de la balbuciente Transición española, que apenas daba sus primeros pasos acosada por la ultraderecha, un Ejército plagado de franquistas y el terrorismo de ETA.

Huyó tras perpetrar la matanza, pero fue detenido un mes más tarde por la Policía. En febrero de 1980 se le juzgó y condenó a 193 años de prisión. Pero, sorprendentemente, un juez poco escrupuloso, en una decisión que indignó a buena parte de la opinión pública de entonces, le concedió en 1991 la libertad condicional y un permiso para viajar a Paraguay, donde supuestamente había conseguido un puesto de trabajo. El juez le puso como condición no salir de Paraguay y presentarse una vez al mes en la embajada de España en Asunción, la capital paraguaya. Y García Juliá, como muchos temían, aprovechó el permiso para fugarse.

Desde entonces se convirtió en un fugitivo, hasta que en agosto de 1996 fue detenido en Bolivia en el transcurso de una operación antidroga, pero de nuevo logró burlar a la justicia y huir. Desde el año 2000 se le perdió la pista, aunque luego se supo que vivió a caballo entre Argentina, Chile y Venezuela. Aprendió a pasar inadvertido, a llevar una vida discreta y a subsistir con trabajos precarios. Logró entrar a pie en Brasil, y allí adoptó una identidad falsa (se hizo llamar Genaro), se instaló en un barrio desfavorecido de Sao Paulo, falsificó un pasaporte venezolano y mantuvo una relación amorosa con una brasileña a la que jamás reveló su pasado ni su verdadera identidad.

Después de casi tres décadas como prófugo de la justicia española, en diciembre de 2018 fue detenido y encarcelado en Brasil, donde sigue entre rejas. En agosto del pasado año la Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición a España, donde la Audiencia Nacional le reclamaba para que cumpliera los 10 años y medio que le quedaban de condena, ya que solo había estado en prisión 14 años. Solo faltaba que el Gobierno brasileño diese luz verde a la extradición, y finalmente, el pasado mes de enero, el Ejecutivo de Bolsonaro autorizó su entrega a España, después de que el abogado de García Juliá agotase el cupo de apelaciones para frustrar su extradición.

Está previsto que este jueves o el viernes llegue a España, donde será ingresado en prisión de inmediato, probablemente en la de Soto del Real. La Audiencia Nacional le reclama para cumplir los 3.855 días de prisión que aún tiene pendientes de cumplir. Casi 43 años después de la masacre que conmocionó a España, el principal cabecilla vuelve a estar entre rejas.