El siguiente paso del Gobierno de Sánchez: expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos

El Gobierno de Sánchez nunca ha ocultado su intención de seguir utilizando el Valle de los Caídos como arma política durante la presente legislatura. Este diario ha podido saber que la instructora del Ministerio de Justicia para todo el caso de la exhumación, Cristina Latorre Sánchez, dejó caer desde el principio en sus careos con las partes implicadas en aquel proceso que en el futuro se producirían cambios profundos en el estatus jurídico del Valle que, no hay que olvidarlo, pertenece a un organismo del Gobierno como es Patrimonio nacional que depende además del Ministerio de Presidencia.

Y en efecto en la disposición derogatoria única de la proposición de Ley presentada el pasado 24 de enero en el Congreso puede leerse que de aprobarse esta legislación quedarán sin valor los decretos de 1 de abril de 1940 y de 23 de agosto de 1957 por los que se establece la Fundación del Valle de los Caídos, una medida que dará control omnímodo al Gobierno sobre el monumento, ya que el segundo de estos decretos es el que introdujo a los Benedictinos en la Abadía y uno de los puntales del precario estatus de los religiosos.

Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en asegurar que el coste de imagen para el Gobierno sería muy grande de llevarse a cabo la proyectada desacralización del Valle de los Caídos toda vez que no es previsible que el PP se abstenga esta vez

–con Vox ya en el Hemiciclo– como hizo en la votación que causó la exhumación de Franco en el tramo final de la pasada legislatura. «Casado no se va a arriesgar a perder otro millón de votos con una postura equidistante en este asunto con Vox pisándole los talones», reconoce una de las partes implicadas en el anterior proceso. «Ahora no se trata de exhumar a un ‘’dictador’’ sino a más de 24 monjes de edad avanzada y además habría que solucionar el problema de los más de 19 monjes que están enterrados allí», confirman las mismas fuentes que, en cualquier caso, reconocen que la Iglesia en este momento está negociando el pago del IBI de los inmuebles propiedad de Iglesia pero no dedicados al culto, lo que hace que su capacidad de maniobra se vea muy reducida.

Uno de los extremos con los que se ha especulado es con la posibilidad de que, para evitar la desacralización del Valle de los Caídos, la comunidad benedictina sea sustituida por otra familia religiosa con mayor «sintonía» con el Gobierno socialista. Fuentes de la Archidiócesis de Madrid han negado que se estén produciendo conversaciones sobre este tema con Moncloa. Es preciso recordar que la imagen de la Iglesia quedó deteriorada ante lo que muchos fieles consideraron una postura equidistante y ambigua en lo relacionado a la exhumación de Franco durante el año pasado. De hecho, en medios diocesanos no oficiales se habla de un informe que se ha elaborado en base a preguntas realizadas al clero de Madrid y que se presentará en el siguiente Consejo Presbiteral (órgano canónico que asesora al obispo de cada diócesis) en el que se habla de «desilusión» y de «desafección» con la figura del Cardenal Carlos Osoro por su pasividad durante la crisis y su inaccción ante el hostigamiento que muchos fieles percibieron contra la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, duramente atacada desde el Gobierno y desde la izquierda mediática.

Es pertinente recordar asimismo que el Gobierno no está solo en su estrategia de acoso y derribo al Valle. La Asamblea de Madrid aprobó también con los votos a favor del PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos, los votos en contra del PP y Vox y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) que pide reconvertir el Valle de los Caídos en un «sitio de memoria» y, entre otras medidas, exhumar a José Antonio Primo de Rivera.

La PNL insta al Gobierno regional a que, a su vez, inste al Ejecutivo central a situar el Valle de los Caídos «dentro del orden constitucional y democrático» y a impulsar «la dignificación del cementerio», mediante la investigación histórica y honrando a las víctimas con una inscripción que recoja los nombres de los allí enterrados y de los presos que construyeron el complejo. También propone crear un centro de interpretación y eliminar la publicidad turística sobre la denominada «Ruta Imperial».