El Gobierno de Sánchez renuncia a la soberanía de Gibraltar

La ambigüedad tradicional de los Gobiernos del PSOE en referencia al Peñón y su sintonia de fondo con las autoridades gibraltareñas alcanzó un nuevo nivel ayer con la publicación de una entrevista de la ministra de Exteriores, Arancha Gonzalez Laya, a un medio británico en la que la jefa de la diplomacia española quitaba importancia a la reclamación de España sobre la soberanía de Gibraltar –mantenida durante más de 300 años– para centrarse en cuestiones más «pragmáticas» como la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando.

Concretamente y preguntada sobre el asunto de la soberanía, González Laya, afirmó que «vivimos en el siglo XXI, lo que hemos hecho con el tratado fiscal es probablemente mucho más importante de lo que pensamos para nuestra soberanía». El tratado fiscal al que se refiere González Laya –que aun está pendiente de ser aprobado por el Congreso, donde será duramente contestado tanto por el PP como por Vox– causó sorpresa en medios diplomáticos y políticos cuando fue firmado por Borrell por reconocer en su articulado legislación e instituciones «de Estado» de Gibraltar, un enclave no reconocido por España salvo como colonia británica. El tratado fomentará el intecambio de información fiscal entre España y las autoridades del Peñón pero a la larga, alertaron expertos consultados por LA RAZÓN en su momento, contribuirá a estabilizar el estatus económico de Gibraltar, un paraíso fiscal con el tercer PIB per cápita del planeta tras Qatar y Luxemburgo que parasita lo servicios y la mano de obra de una comarca como el Campo de Gibraltar que, con más de 30.000 parados, es una de las zonas más deprimidas económicamente de la UE.

Ahondando en su peculiar concepto de «soberanía del siglo XXI», González Laya aseguró al diario británico que «la población de Gibraltar necesita a los españoles para funcionar y los españoles a los gibraltareños para reforzar su prosperidad». «Al final los acuerdos que alcancemos tendrán que funcionar para ellos y para nosotros. Esa es realmente la única línea roja que hay», aseguró González Laya incidiendo en la renuncia a cualquier tipo de reivindicación sobre la soberanía y mostrándose abierta a la creación de una zona de libre movimiento a ambos lados de la Verja, una concesión que de producirse colmaría todas las esperanzas de Fabian Picardo que vería la mayor amenaza al estatus del Peñón en 300 años –el Brexit- transormada en un sueño hecho realidad gracias a la mentalidad «pragmática» del Gobierno de Sánchez.

«En las negociaciones con Reino Unido tenemos que llegar constantemente a acuerdos que no son ventajosos porque tenemos que pensar en nuestros trabajadores, que son rehenes, auténticos rehenes de Gibraltar», explica José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, senador y ex presidente de la comisión de Exteriores del Congreso. Por su parte, Agustín Rosety –general de Brigada de Infantería de Marina (R) y diputado de Vox por Cádiz– concuerda: «España no tiene ninguna obligación de mantener permisividad en sus normas para beneficiar a Gibraltar. Sin trabajadores españoles no pueden poner en marcha sus servicios. La propaganda británica nos proyecta la idea de que somos dependientas de ellos. Pero es al revés. No queremos cerrar la Verja ni separar familias sino que se respete la Ley y se beneficie a todos pero especialmente a la lineneses».