Tensión Iglesia-Estado: IBI, eutanasia, religión...

En el diseño de los resortes internos del Gobierno, Pedro Sánchez se ha cuidado de mantener un área especialmente delicada fuera del alcance de su socio de Gobierno: la política eclesiástica y las relaciones tanto con la Conferencia Episcopal como con el Vaticano. Tras perder la vicepresidenta Calvo toda competencia en relación con políticas de género en favor de Irene Montero, Sánchez buscó volver a equilibrar las respectivas áreas competenciales encargando a su vicepresidenta primera dos áreas que han estado hasta el momento bajo la sombra del Ministerio de Justicia, como son lo relacionado con la Memoria Histórica –que la retórica gubernamental traduce ahora con la expresión «Memoria Democrática»– y las negociaciones con las confesiones religiosas, especialmente la Iglesia católica.

Este cordón sanitario de facto a la formación de extrema izquierda en todo lo relacionado con la política eclesiástica no quiere decir que el Gobierno socialista vaya a mantener una postura más relajada en este asunto; de hecho se considera ineludible la tensión en las relaciones Iglesia-Estado en materias como la legalización de la eutanasia, la salida de la asignatura de religión de la educación pública y, sobre todo, en el controvertido asunto de la exención del pago del IBI de las propiedades inmobiliarias de la Iglesia. En todos estos temas el PSOE quiere hacer desaparecer los que su programa electoral denomina como «privilegios», pero manteniendo una política de no agresión con Añastro y manteniendo a Podemos fuera de los contactos para evitar llegar a la situación de animadversión que se generó precisamente en la época de Rouco al frente de la Conferencia Episcopal.

En recientes declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta Calvo da la impresión de que no se esperan especiales problemas en las relaciones Iglesia-Estado, llegando incluso a hablar de relaciones «magníficas». Difícilmente se puede reprochar a la mano derecha de Sánchez un punto de ingenuidad en este asunto: a lo largo de los siglos, es larga la lista de estadistas momentáneamente aturdidos por el brillo del guante de seda de la diplomacia vaticana. Fue en la cena ofrecida en la embajada española en Roma en octubre del año pasado con motivo del consistorio de cardenales celebrado entonces en la Ciudad Eterna cuando Calvo aseguró que no existía voluntad de tocar los acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

Sin embargo, por el momento todo paso significativo en las negociaciones está en suspenso. La razón no es otra que la Conferencia Episcopal está a punto de celebrar elecciones para dirimir quién sustituirá a Ricardo Blázquez, que tras dos trienios como presidente se retira del puesto. Todo en las conversaciones dependerá del perfil de la persona que le sustituya: si el cardenal Blázquez es sustituido por el cardenal Omella de Barcelona, cercano a la izquierda y al independentismo (y candidato favorecido por el papa Francisco), el PSOE se encontraría con una postura menos feroz por parte de la Iglesia española. Si, sin embargo, es el cardenal Cañizares de Valencia el que obtiene la confianza de los mitrados en la plenaria de la CEE del 2 al 6 de marzo, Carmen Calvo se podría ver obligada a conversar con un negociador más correoso.

La publicación «Vida Nueva» ha llamado asimismo la atención sobre la presencia en el «terreno de juego» de las relaciones Iglesia-Estado de un nuevo actor llamado a tener un papel clave. Hablamos del nuevo nuncio de la Sante Sede en España, el filipino Bernardito Auza, un joven purpurado que viene de ocupar el trascendental cargo de observador permanente del Vaticano en Naciones Unidas. A Auza, que se reunió con Calvo apenas accedió al cargo, se le supone un gran conocedor de las estrategias de hobby por su paso por Nueva York y está considerado un diplomático de primer nivel, fruto maduro de la prestigiosa Academia Pontificia Eclesiástica, institución en la que el Vaticano forma a sus diplomáticos de altura desde hace siglos.

Sea como fuere, entre los puntos conflictivos que estarán encima de la mesa uno será el espinoso tema del pago del IBI. Según Calvo, lo que el Gobierno pretende es que el trato fiscal se equipare, «lo que ya sucede en Francia e Italia» y se eliminen «privilegios», en concreto en lo relacionado con los inmuebles en los que no se desarrolle culto católico. La ministra Montero resumió la pasada legislatura la postura del Gobierno en los siguientes términos: «De lo que se trata es de que, por supuesto, los lugares de culto o en los que se desarrolla una acción social tengan las mismas exenciones, pero que en otras pertenencias de la Iglesia que no están desarrollando esta tarea hay que replantearse esa contribución que va a los ayuntamientos». Sin embargo, todo parece indicar que la Iglesiano está desprovista de argumentos para defender el actual estatus: El IBI es un impuesto municipal del que está exenta la Iglesia por la Ley de Mecenazgo de 2002, junto a todas las organizaciones a las que se reconoce un servicio a la sociedad. Están exentos de pagar IBI todas las confesiones religiosas, todos los partidos y sindicatos, las embajadas y fundaciones, etc. Por tanto, es pertinente hacerle la siguiente pregunta: ¿Va a tener que pagar el IBI un comedor social de Cáritas? ¿Deberán pagar a partir de ahora los pisos en los que se acoge a migrantes o a mujeres maltratadas? ¿Va a tener que pagar la Iglesia por locales de los que está exenta, por ejemplo, la UGT? Ese IBI no se paga en aquellos edificios en los que no se hace actividad económica (templos, casas parroquiales, ermitas, comedores sociales, asilos). Los inmuebles que sí están protegidos por los Acuerdos de 1979 son las instituciones de la Iglesia en sentido estricto. Es esta una lista cerrada de bienes inmuebles con exención de Contribución Urbana, hoy IBI, en la que se incluyen parroquias, sus locales y la curia Diocesana, Seminarios y Universidades de disciplinas eclesiásticas, así como las casas parroquiales, residencia del Obispo y los edificios destinados a residencia de Órdenes y Congregaciones religiosas. Por supuesto, estas exenciones cerradas están vinculadas a que los bienes sean propiedad de estas instituciones, es decir, las viviendas particulares de los sacerdotes no están exentas. En definitiva, el argumento de fondo de la CEE es este: «La Iglesia no quiere privilegios en el pago del IBI, pero tampoco discriminaciones».