El juez ordena a AENA conservar las grabaciones de Barajas del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez

El juez ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PP y requiere a AENA que conserve las imágenes grabadas de la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, “bajo procedimiento expreso de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial”. De esta forma, el juzgado de guardia estima la medida cautelar urgente solicitada por el PP.

El juzgado declara que de los datos expuestos en el escrito de denuncia del Partido Popular se desprenden indicios racionales de hechos delictivos. Esto es lo que ha determinado la decisión del magistrado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de enero de este año y aluden a la presencia de la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Madrid y su posible acceso a la sala VIP de la terminal de Barajas, donde permaneció hasta que embarcó en otro vuelo con destino a Doha. El PP entiende que se ha podido vulnerar la prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea que tienen los dirigentes del régimen de Nicolás Maduro y que dentro del mismo están incluidos los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la UE, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en sus territorios o transiten por él, según señala el PP en su denuncia.

Los populares se personaron esta mañana en un juzgado de guardia de Madrid para solicitar amparo y pedir que no se destruyan las pruebas de las cámaras de seguridad del aeropuerto para poder tener acceso a las imágenes y los vídeos. Del mismo modo, el PP ha registrado una petición de comparecencia del presidente de AENA para que dé explicaciones sobre lo sucedido, ya que durante esta dos semanas no ha contestado a la petición del principal partido de la oposición en torno a la posibilidad de darles traslado de las imágenes de las cámaras de seguridad.

La urgencia de poner esta cuestión en manos de la justicia se debe a que, según la Ley de Protección de Datos, las empresas e instituciones públicas tienen la obligación de destruir las imágenes de sus cámaras de seguridad un mes después de haber sido grabadas. Sólo la decisión de un juez puede paralizar esta destrucción de pruebas y obligar a la empresa a conservarlas. Se da la circunstancia, por esta razón, que las imágenes en torno a lo sucedido en Barajas entre Ábalos y Rodríguez deberían haber sido destruidas este jueves, 20 de febrero, ya que la polémica en torno al conocido ya como “Delcygate” tuvo lugar el 20 de enero.