Congreso de los Diputados
Curso de lenguaje inclusivo y uniformes igualitarios para los ujieres del Congreso de los Diputados
Plan de Igualdad para el Congreso. «Garantizar la adaptación a la fisonomía» del vestuario o revisiones médicas con ideología de género entre las medidas
El Congreso pretende adaptarse a los nuevos tiempos en materia de igualdad. Para ello, en los próximos días la Mesa de la Cámara, con mayoría de izquierdas, aprobará el primer Plan de Igualdad de la historia de la vida parlamentaria. La iniciativa se arrastra desde 2017, cuando se formalizó la petición en cumplimiento de la Ley de Igualdad que obliga a las empresas con más de 250 empleados a implementar un plan de este tipo. El proyecto se sacó a concurso y se adjudicó el contrato en 2018. Por fin el borrador ya está en el órgano de gobierno de la Cámara, y cuadra perfectamente con una de las banderas por la que pugnan tanto el PSOE como Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición.
El proyecto incluye un paquete de actuaciones estructurales en todos los ámbitos después de repasar los «déficits» en materia de igualdad que existen en la actividad de Sus Señorías. Son más de 60 medidas a implementar, y entre las que se plantean actuaciones singulares como revisar los tradicionales uniformes de los ujieres para «garantizar la igualdad de los diseños y su adaptación a la fisonomía de las mujeres y los hombres». Pero también se obliga a realizar un barrido en todas las instancias para forzar la utilización del lenguaje inclusivo, con «curso específicos de sensibilización para la utilización de lenguaje inclusivo», la revisión de todas las secciones de las páginas web del Congreso y del Senado para corregir aquellas pantallas en las que se aprecie un uso no igualitario y estereotipado de las imágenes o del lenguaje y la revisión «de los pictogramas utilizados en la señalización de los edificios para detectar y señalizar aquellos que ofrezcan imágenes estereotipadas».
La Mesa del Congreso, que controla el PSOE con sus socios de coalición, queda encargada de aprobar una guía de recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje y de la comunicación en el ámbito parlamentario, que se difundirá a través de la página web y de la intranet de cada Cámara. Las actuaciones en materia de igualdad alcanzan incluso a los reconocimientos médicos que se ofrecen al personal en el marco de la prevención de riesgos laborales, y que según el plan de igualdad del congreso deberán diseñarse «atendiendo a la perspectiva de género». «En la planificación de la prevención y vigilancia de la salud se considera conveniente tener en cuenta la perspectiva de género».
El proyecto incluye medidas para garantizar la igualdad en los procesos de selección del personal. Y se impartirán con carácter obligatorio cursos formativos en materia de igualdad y violencia de género para quienes trabajan en los departamentos que se encargan de recursos humanos. Y una vez al año se programarán cursos generales dirigidos a todo el personal de las Cortes Generales sobre uso no sexista del lenguaje, acoso sexual y por razón de sexo y violencia de género. La obligación paritaria se extiende a los comités de selección, al reparto de cursos de formación y se tendrá que dar «información segregada por sexos», además de por su formación profesional, en todas las elecciones internas, por ejemplo, para los comités de empresa de las dos Cámaras.
Los trabajadores de las Cortes quedarán sometidos a un protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso moral, sexual y por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, con una unidad administrativa especializada en atender las quejas y denuncias, con la previsión de tipificar, asimismo, en el régimen disciplinario las conductas de acoso moral, sexual y por razón de sexo, según detalla el documento. Además, «se facilitará las condiciones de trabajo de las víctimas de violencia de género que tengan la condición de personal funcionario y laboral de las Cortes Generales, de modo que aquellas licencias, ausencias o permisos que deriven de dichas situaciones no conlleven merma retributiva ni afecten negativamente al desarrollo de su carrera profesional».
Más allá de algunas exigencias más sometidas al debate, como son las actuaciones en comunicación y lenguaje inclusivo, el plan de igualdad del Parlamento incluye también un amplio paquete de medidas para garantizar la conciliación y la igualdad de oportunidades entre el personal que trabaja en el Congreso, con la obligación incluso de elaborar informes anuales sobre la evolución de las diferencias entre el número de mujeres y hombres que se acogen a las medidas de conciliación.
La aplicación de todas las medidas propuestas depende de los órganos rectores de las Cámaras, con mayoría en los dos casos de la izquierda. PSOE y Unidas Podemos tienen garantizado poder desarrollarlo sin injerencias de la oposición. La previsión es que PP y Ciudadanos apoyen. Vox, de momento, ya se ha significado por salirse del consenso en todas las cuestiones en materia de igualdad que incorporan a la izquierda. Las líneas generales del proyecto responden a los objetivos de impulsar la garantía del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la mejora de la igualdad en las retribuciones, reforzar la sensibilización para una aplicación transversal de las políticas de igualdad, aumentar la representatividad de las mujeres en los órganos de representación del personal, facilitar la utilización de lenguaje no sexista en la comunicación y en los documentos que se elaboran en las Cámaras y erradicar la violencia de género y las situaciones de acoso.
El plan incorpora un análisis de la situación en el Congreso y en el Senado que confirma que el 69 por ciento de las mujeres y el 72 por ciento de los hombres consideran que la imagen que transmite la organización y el lenguaje empleado es igualitario. El 93 por ciento de las reducciones de jornada relacionadas con el cuidado de familiares han sido solicitadas por mujeres y más del 50 por ciento de las mujeres y hombres que han respondido a la encuesta demandan medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
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