Primeros “sapos” para Sánchez

El Gobierno de coalición apenas lleva un mes en funcionamiento y ya está acusando el desgaste. Lo que Pedro Sánchez anticipó como un Gabinete «proactivo», «ejecutivo» y que pasaba «a la acción» tras meses de parálisis institucional, comienza a acumular lastre. Una carga en forma de polémicas, de las que no logra desembarazarse, y disensiones internas que empiezan aflorar, perturbando una convivencia entre socialistas y morados que, hasta ahora, se antojaba pacífica y a prueba de contradicciones.

Los envites a Moncloa no han llegado esta semana solo desde Cataluña o los partidos de la oposición, sino desde sus propias filas. La máxima de «un Gobierno, dos partidos, pero una sola voz» se rompió cuando Unidas Podemos decidió elevar la suya para denunciar lo que consideraba un incumplimiento flagrante de los términos en que se pactó la coalición. Los morados, en minoría y con competencias mermadas dentro del Gabinete, no están dispuestos a renunciar a las señas de identidad que los llevaron al poder y por las que les juzgarán sus electores cuando la entente de gobierno se diluya de nuevo en las urnas. Los socialistas que, en los primeros compases del Ejecutivo, han forzando hasta el extremo de la náusea las tragaderas de sus socios, supieron contener el incendio y ceder a tiempo. «Esta vez ganan ellos», conceden.

Se refieren a la pugna soterrada que durante días han mantenido Igualdad, comandada por Irene Montero, y la vicepresidenta Carmen Calvo, antecesora de la primera en esta cartera, por el marco legal que envolverá la reforma de los delitos sexuales para que «solo sí sea sí» en las relaciones. Un blindaje al consentimiento que la líder morada quería enmarcar en un texto individualizado –la ley de Libertades Sexuales–, mientras que Calvo buscaba dar cabida dentro de la reforma del Código Penal que tiene previsto emprender Justicia y en la que es preciso diluir otras modificaciones como la rebaja en el tipo de sedición que afecta a los líderes del «procés».

En juego estaba no sólo el tanto de la autoría, sino el efectismo que suponía aprobar la medida en un horizonte temporal anterior al 8 de marzo. Podemos, que entiende los medios de comunicación como un aliado para su estrategia –al contrario que sus socios del PSOE– filtró las diferencias a escasas 12 horas de haber mostrado también su incomodidad por la política migratoria del ministro Fernando Grande-Marlaska. Las costuras se tensaban y el ala socialista de la Moncloa dio su brazo a torcer, guardando en un cajón la Ley de Asilo de Interior y cediendo a Igualdad la reforma de los delitos sexuales, que se aprobará en el Consejo de Ministros del 3 de marzo.

Fuentes gubernamentales explican estas cesiones como el precio a pagar por la buena «salud» de una coalición que comienza a mostrar síntomas prematuros de cansancio, pero en la que se busca trasladar que el «consenso es total». Resaltan la normalidad por la que los morados están transitando por reconocer y hasta aplaudir al Rey o como se ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y sostenido, con un cierre de filas absoluto, a José Luis Ábalos en el bucle de un «Delcygate» que no cesa. En Moncloa asumen, por tanto, que este es el primer «sapo» que le tocaba tragarse al PSOE, si estas cesiones ante su socio se pueden entender como tal batracio. Y es que estas dos últimas polémicas han vuelto esta semana a tomar tierra en forma de ciclón, con la comparecencia de Delgado en el Congreso y nuevas informaciones sobre el encuentro en la terminal Ejecutiva con la «número dos» de Nicolás Maduro, que colocan a los de Iglesias en una posición comprometida.

Mientras, «errores» es la única asunción de responsabilidades que ha salido de boca del ministro José Luis Ábalos. El titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva más de un mes inmerso en una tormenta mediática que ha traspasado los límites de lo político y abarca ya lo judicial, después de que un juez apreciara indicios de delito en su encuentro en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El blindaje de Moncloa a su ministro es total. No ha trascendido una mala palabra de ninguno de sus compañeros de Gabinete, ni siquiera desde el sector morado. Para muestra, que Sánchez no tardara ni medio segundo en aceptar el cambio de fecha para la mesa de diálogo entre gobiernos que le ofreció el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando ésta suponía contraprogramar a la comparecencia de Ábalos en el Congreso de los Diputados. Ambos acontecimientos se solaparán en la tarde del próximo 26 de febrero y el ministro podrá salir vivo o al menos sin tanta cobertura mediática, de la Cámara baja.

«Ábalos no es Máxim»

La foto de unidad pública contrasta, sin embargo, con el hartazgo que existe en privado. Fuentes gubernamentales lamentan las dimensiones que ha adquirido la polémica y la incapacidad para atajarla a tiempo, porque ha ensombrecido importantes apuestas en lo social como la subida del salario mínimo y el sueldo de los funcionarios, la revalorización de las pensiones o la derogación del artículo que permite el despido de un trabajador durante la baja laboral. «Parece que solo se habla de Venezuela cuando estamos aprobando cuestiones importantes por los españoles», se queja un cargo.

En todo caso, y a menos que los acontecimientos den un giro complicado, no se espera decisiones trascendentes desde Presidencia. Ni Ábalos está dispuesto a dimitir, ni Sánchez a prescindir del que es un peso pesado en el Gobierno y en el partido, no en vano, dirige la Secretaría de Organización del PSOE. «Ábalos no es Màxim», resume certeramente un socialista, en alusión al cese fulminante del malogrado ministro de Cultura que apenas duró seis días en el Consejo de Ministros cuando sus versiones por tributar a través de una sociedad no se sostuvieron.