El «Delcygate», primera prueba de fuego para Delgado

El Tribunal Supremo acumula en estos momentos dos querellas contra el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, una interpuesta por el hasta ahora desconocido partido político Laócrata y otra por Vox. En ambas se considera que la actuación de Ábalos en todo lo relacionado con la reunión que mantuvo con Delcy Valdés, vicepresidenta de Venezuela en la noche del 20 de enero y la estancia de ésta en una sala vip del aeropuerto de Barajas, puede constituir un delito de prevaricación administrativa.

Hasta ahora, el Alto Tribunal no se ha pronunciado al respecto sobre ninguna de ellas. Sin embargo, en la interpuesta por el partido Laócrata, la Sala Penal le ha impuesto ya una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acción popular y ser parte en el procedimiento. Si finalmente la deposita, el Supremo trasladará la querella a Fiscalía para que informe sobre fondo y competencia, es decir, si el tribunal es el competente para tramitarla y si procede o no la admisión a trámite. Respecto a la primera cuestión, no plantea ningún problema, ya que Ábalos al ser ministro está aforado y, por tanto, sólo le puede investigar el Supremo. Sin embargo, sobre el fondo es donde la Fiscalía debe pronunciarse sobre si ve motivos para se abra una investigación al respecto de lo sucedido en el aeropuerto de Barajas en los encuentros del titular de Transportes con el número 2 del régimen de Maduro.

En este punto, cuando llegue tal solicitud a la Fiscalía del Tribunal Supremo, Dolores Delgado habrá tomado ya posesión de su cargo como fiscal general del Estado, y, por tanto, su opinión puede resultar relevante para el criterio que sostenga finalmente el Ministerio Público sobre si hay indicios para investigar al ministro o, por el contrario, lo procedente es archivar la querella directamente.

En todo caso, su decisión, sea en un sentido o en otro, será objeto de polémico, y ello sin olvidar que no sería tampoco nada descartable que decidiese abstenerse de participar ni dar su opinión al respecto, ya que coincidió con Ábalos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez de la pasada legislatura. Es más, esta sería la tesis «más lógica» que debería seguir Delgado, según fuentes fiscales consultadas por este periódico, ya que «la apariencia de imparcialidad queda cuestionada».

Si el partido Laócrata no depositara la fianza, decaería la querella, pero continuaría adelante la interpuesta por Vox, a la que igualmente se le requeriría una fianza, que, en este caso, no debería tener muchos obstáculos para hacer frente a la misma. El trámite sería el mismo, por lo que la Fiscalía debería igualmente pronunciarse.

Y, junto a esas actuaciones en el Tribunal Supremo, los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid también conocen de dos denuncias presentadas por los hechos acaecidos en Barajas, aunque en estos casos no se dirigen contra Ábalos, sino que, en un caso, los denunciados son agentes de Policía y la presentada por el PP sólo se hace un relato de los hechos y que los mismos pueden ser constitutivos de delito de prevaricación administrativa, pero sin dirigirla contra nadie en concreto. En todo caso, la postura de la Fiscalía será igualmente relevante.

Al margen del «Delcygate», otras causas en los que se medirá el giro de la Fiscalía serán la acusación final que mantenga contra Trapero o la del recurso de los condenados del «procés».