Renovación del CGPJ, fiscal general del Estado y pacto de Estado por la Justicia

El Consejo de Ministros consumó ayer el proceso de nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, que hoy se culminará, tras jurar ante Su Majestad, con su toma de posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. Las circunstancias que concurren en la nueva Fiscal General -muy reciente miembro del Gobierno, diputada cesante del partido en el Gobierno y participante en actos de propaganda de ese mismo partido gobernante en la última campaña electoral- introducen un severo giro en la forma de entender esa institución. De hecho, muy severo: el Ministerio Fiscal, institución caracterizada por su jerarquización interna, puede dirigir acusaciones y hasta investigaciones contra miembros de los partidos políticos de la oposición, e incluso está legitimado para instar la suspensión y disolución de esos partidos. Se entiende así que los partidos de la oposición estén interesados en plantear la necesidad de una mínima alteridad de la Fiscal General respecto del Gobierno. También se entiende que las aparentes bromas de algún miembro del gobierno sobre visitar al líder de la oposición en la cárcel, además de una gracia discutible, son muy poco oportunas.

Pero esta situación también me plantea otras reflexiones de mayor alcance, o no tanto –al menos, sí el mismo- pero que ocupan mis preocupaciones como miembro de un órgano constitucional pendiente de renovación. La renovación del CGPJ no puede ser entendida desgajada de un planteamiento global de la forma de atender la Justicia durante su próximo mandato. Así lo ha planteado el Partido Popular, cuyos representantes aluden a la necesidad de englobar la renovación en un pacto de Estado por la Justicia, y así lo ha entendido también el partido en el Gobierno y el propio ministro de Justicia en sus manifestaciones públicas nada más acceder al cargo. No conozco personalmente al nuevo ministro, ni falta que hace: conozco su trayectoria, que lo avala como un sólido hombre del mundo de la Justicia, y creo en la firmeza de sus intenciones en cuanto al pacto. Pero el pacto no puede consistir en la mera aceptación de los acuerdos a los que un partido –PSOE- ha llegado con terceros y en los que el otro partido –PP- no ha tenido ni arte ni parte, no si se pretende que el pacto sea viable y efectivo: pretender que el pacto pueda consistir en que se dé el aval para multiplicar la politización de la justicia por diecisiete creando diecisiete “mini CGPJ” -léase Consejos Territoriales de Justicia-; negarse a replantear la fórmula de designación de los vocales de origen judicial, pese a que la Comisión Europea y el TJUE están sobre países que han copiado nuestra fórmula –véase Polonia-; o alterar radicalmente la fórmula de recluta de jueces y fiscales y cambiarla por no se sabe qué –compruébese en el pacto de gobierno de colación, apartado 2.12.2- no anticipa un pacto razonablemente viable y efectivo. Giros drásticos en los criterios para designar a una Fiscal General del Estado, tampoco.