La mesa de la (in) seguridad jurídica

Acaba de celebrarse la primera reunión, en Moncloa, de una «mesa de negociación» que no sabemos bien cómo calificarla, porque la llaman «mesa de partidos», «de gobiernos» o «de diálogo». Lo que sí se sabe es que está formada por representantes del Gobierno español y del secesionismo, y que esta «actividad» es una forma de hacer política que no tiene parangón en el constitucionalismo democrático.

En todos los estados compuestos (federales o fuertemente descentralizados, como nuestro Estado de las autonomías) su ordenamiento regula diversas instituciones u órganos en los que se dirimen los asuntos que pueden afectar a uno o a varios de los entes territoriales y que precisan de un acuerdo con las instituciones centrales. Existe, pues, seguridad jurídica y, al estar regulados por normas emanadas de las instituciones, cuentan con legitimidad democrática. Pero en España, ni existe seguridad jurídica ni legitimidad democrática en esa «mesa». También contamos con instrumentos similares (comisiones bilaterales o sectoriales, la comisión de política fiscal y financiera o la Conferencia de Presidentes) pero parece que consideramos inservible lo regulado, creando instrumentos de facto, que no de iure, que reemplazan a los órganos elegidos por el conjunto de la ciudadanía, tanto en España como en Cataluña. Porque tampoco el Estatut, o ninguna ley catalana, crean ni otorgan mandato alguno a una «mesa» como ésta, cuyos acuerdos no pueden vincular a nadie porque ni derivan de las instituciones ni tienen un marco competencial que los encuadre, por más que el comunicado que han emitido diga que es una mesa de «diálogo, negociación y acuerdo».

Tampoco están claros los procedimientos de tal «negociación», puesto que el comunicado, reconociendo que han sido abordados «aspectos metodológicos», no los ha hecho públicos más allá de la periodicidad de las reuniones y la alternancia en las sedes de los respectivos gobiernos. Luz y taquígrafos, era el lema de la democracia. Pero resulta que, en la era digital, lejos de aumentar la claridad, parece mejor la ocultación.

Preocupa también la composición de esa «mesa de diálogo» que no se sabe bien, entre quiénes ha de darse, por varias razones. Si dicen que es «entre gobiernos», están presentes personas sin cargo gubernamental. Si dicen que es «entre partidos», ¿son las sedes gubernamentales lugares apropiados? Si dicen que ha de conseguir un «diálogo entre catalanes», ¿dónde están los representantes de los catalanes constitucionalistas? Y, por lo que va apareciendo en los medios de, con unas posturas tan cordiales, unos entendimientos tácitos tan ostentosos… casi parece una «mesa de amiguetes» que se reúnen a charlar sobre lo divino y lo humano en la época del coronavirus. Casi como en «El amor en los tiempos del cólera», río arriba y río abajo, por ver, o sin ver, a dónde nos lleva.

No es broma. Es muy serio el tema. Resulta que el principal problema con que se encuentra ahora la sociedad, que es el desafío que el secesionismo lanza (sí, en presente, lanza) continuamente, lo van a encauzar unos «negociadores» que no tenemos claro qué van a negociar. Por parte del Gobierno se repite que sólo se podrá actuar dentro del respeto a la legalidad. Pero sabemos que no es la intención, ni la práctica, de la otra parte de la mesa. Esa otra parte, que dice representa «a Cataluña» sin contar ni con un representante de quienes no son «los suyos», no pretende ya la independencia, sino consolidar su dominación sobre el conjunto de la población de Cataluña. Eso sí, las garantías de procedimiento, de legalidad... se resumen, eufemísticamente, al final del comunicado: «Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica». Sin comentarios.