Nervios en Moncloa por el impacto de Puigdemont sobre la mesa de diálogo

El diálogo con la Generalitat se ha convertido en un campo minado para el Gobierno de Pedro Sánchez. La mesa de diálogo se reunió el pasado miércoles tras salvar los múltiples inconvenientes que surgieron a cuenta de la fecha, primero, y de la composición, después. Los socialistas forzaron a Quim Torra a fijar el encuentro, pero tuvieron que ceder con unos interlocutores sin presencia en el Govern y con un imputado –ahora encausado por el referéndum del 1 de octubre– entre los miembros de la delegación. El foro se celebró, con una puesta en marcha que adquirió las dimensiones de «milagro» –en palabras de un destacado dirigente socialista–, y que permitió a ambas partes ganar tiempo y coger oxígeno ante el incierto horizonte que les espera. Sin embargo, lo que en un principio se calificó de éxito y se coronó con el apoyo de ERC a los objetivos de estabilidad para los Presupuestos Generales del Estado, volvió a ponerse en riesgo con la irrupción de Carles Puigdemont el pasado sábado en Perpiñán, profiriendo ataques al orden constitucional y cargando contra el foro de interlocución con el Gobierno.

En Moncloa existe nerviosismo y han impuesto la máxima cautela en su estrategia. Apenas emiten señales en público ni en privado, midiendo al milímetro sus próximos movimientos. En el entorno de Sánchez son conscientes del efecto desestabilizador que puede llegar a tener Puigdemont para la mesa de diálogo. Con hilo directo con la pata de Junts per Catalunya y con un impacto claro en clave electoral sobre ERC. El ex presidente en el exilio amenaza con volar los puentes de entendimiento y la pregunta que recorre el Consejo de Ministros es hasta cuándo aguantará Oriol Junqueras quedando retratado en solitario junto al Estado. No en vano, el líder de ERC en prisión fue abucheado el pasado sábado cuando defendió en un vídeo emitido en Perpiñán la mesa de diálogo con el Gobierno central.

El Ejecutivo necesita obligatoriamente a los 13 diputados de Esquerra Republicana en el Congreso para aprobar las cuentas públicas, el pasaporte que aseguraría a Sánchez transitar los 1.400 días de legislatura sin excesivas complicaciones. De momento, la maquinaria entre ambos socios parece engrasada y hasta el sector más duro –representado por Malta Vilalta– salió ayer a advertir públicamente a Puigdemont que «sería un error y una responsabilidad abandonar la vía de diálogo». En la misma línea, desde el PSOE intentaron relativizar el impacto del acto en Perpiñán y aislar los mensajes del ex president, respecto a las opiniones de quienes se sientan en la mesa de diálogo y la valoran «positivamente». La presidenta de la formación, Cristina Narbona, puntualizó que «la mesa no es ningún engaño» y que el ruido del sector más radical del independentismo «no va a modificar nada». «Sus opiniones –en alusión a las de Puigdemont– no son las de la mesa de diálogo», aseveró, recordando la condición de «fugado» de Puigdemont, «que tiene que irse a 40 kilómetros de la frontera de España para dar su opinión».

Los socialistas intentan así minimizar el efecto que tiene el ex president sobre sus acólitos y sostienen que sus mensajes suponen un revulsivo. «Cuanto más chillen contra la mesa, más útil será. Cuanto más intenten poner obstáculos y zancadillas, más fuerte será el diálogo», destacó Narbona. En este sentido, desde el PSOE no se refieren únicamente al independentismo, sino también al PP, a quienes inmediatamente después no dudan en tender la mano para que por «corresponsabilidad» –como principal partido de la oposición y de gobierno durante 10 años– «dejen de lado la crispación y ayuden a transitar la senda del diálogo en el marco de la Constitución».

La entente que PSOE y ERC se han visto obligados a forjar en base a las circunstancias de cada cual se verá interrumpida por las elecciones catalanas. En el PSC reconocen que la campaña será dura y que los ataques entre ambos partidos serán feroces, algo que alejaría la expectativa de un tripartito que los socialistas no ven, a menos que el sector independentista no sume la mayoría suficiente.