Padres y profesores, contra el “sectarismo” de Educación

Sin consenso, un parche, una ley que se ha hecho de manera rápida y sin tener en cuenta a las familias... estos son algunos calificativos con los que la comunidad educativa se refiere al borrador de la ley Celaá, nombre con el que se conoce a la reforma del sector educativo que la ministra del ramo saca hoy al Consejo de Ministros. En declaraciones a LA RAZÓN los representantes del sector lamentaron, en su mayoría, que no haya tiempo para derogar los aspectos más lesivos de la Lomce y criticaron el uso partidista que la coalición quiere hacer con la Educación.

Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), no esconde su enfado: «No nos gusta nada. Nace de la división y el enfrentamiento, no del diálogo y el consenso», asegura. Insiste, en que tampoco les gusta la vigente ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), –aprobada en 2013 por el Partido Popular y conocida como «Ley Wert»– con la que han sido críticos, no obstante, están en contra de que «se imponga otra Ley sin contar con las familias y sin el consenso amplio como para sacarla adelante y que dé tranquilidad durante los próximos 15 a 20 años». En su opinión, la ley «debería haberse vertebrado a través de un pacto educativo, social y político por la educación», un acuerdo que rechazó el actual Gobierno, según explica. Preguntado por los principales errores, a su juicio, de la futura ley, Caballero dice que «vulnera los derechos fundamentales de las familias en dos aspectos: en la libertad de enseñanza y en la elección de los padres de los centros educativos, según sus convicciones. No nos gusta tampoco que se quite la demanda social», apunta. Además, es muy crítico con el trato que se le da a Religón porque «casi de un plumazo la elimina y no cuenta con ella para nada, la deja como residual». Según el plan de Gobierno, la asignatura continuará siendo optativa pero no servirá ni para nota ni para promocionar.

De opinión similar es Luis Centeno,secretario general de Escuelas Católicas, que insiste en que «la nueva Ley de Educación se plantea como una reacción a la Lomce, que no fue una ley de consenso. Sin embargo, esta nueva ley tampoco nace del mínimo consenso que garantice su permanencia». Al igual que Concapa critican que limita los derechos de los titulares y familias, «sometiendo la libertad de elección a la planificación administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas, al considerar a la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública». Además, denuncia que mientras que se degrada la asignatura de Religión, se introduce una nueva «obligatoria en primaria y ESO sobre valores».

También desde el sindicato de Educación CSIF son críticos con la futura «Ley Celaá». Según explica su presidente nacional de Educación, Mario Gutierrez, «se ha hecho rápido y se va a aprobar exactamente lo mismo que se hizo en seis meses en febrero de 2019». En su opinión, el proceso de «negociacion y elaboración de la Ley ha sido unilateral» y criticnan sus similitudes con la antigua LOE, aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. «Evidentemente, no va a solucionar los problemas», subraya.

Por último, Ramón Izquierdo desde el sindicato ANPE –que representa al profesorado– señala que «es un parche» porque aunque deroga la Lomce, mantiene muchos aspectos de la LOE. «Desde luego no es la reforma profunda que necesita el sistema educativo español». No en vano, tacha de positivo que incluya una disposición adicional sobre el profesorado.