Nuevo frente para Puigdemont: un juzgado de Gerona pide al Supremo que le impute por prevaricación

Al ex presidente de la Generalitat, huido de la Justicia española desde noviembre de 2017, se le abre un nuevo frente judicial más allá de la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo por su papel en el “procés”, pendiente de que Bélgica decida si lo extradita a nuestro país. Un juzgado de Gerona ha solicitado al Supremo que impute al líder independentista por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa mixta Aigües de Girona (Agissa), participada en un 20% por el Ayuntamiento de la ciudad, cuando Puigdemont era alcalde, y por los consistorios de Salt y Sarriá de Ter .

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital gerundense pide al Alto Tribunal, ante el que está aforado el ex president por su condición de eurodiputado (hasta tomar posesión de su euroescaño, como diputado del Parlament solo podía ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), que le investigue por prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a la Administración.

Bajo sospecha está la compra de una colección privada de arte con fondos de Agissa por 3,9 millones de euros, una operación en la que según la Fiscalía Anticorrupción se habría utilizado de forma irregular dinero público destinado al suministro de agua.

En marzo de 2013, al acordarse la segunda prórroga de la concesión del servicio del agua, se decidió que la concesionaria, Girona S.A., titular del 80% del capital de Agissa, abonaría un canon extraordinario de 468.750 euros anuales hasta 2020, en total 3,7 millones más los intereses correspondientes. El dinero que recibirían los tres consistorios por este concepto, 2,6 millones en el caso del Ayuntamiento de Gerona, debía destinarse, según Anticorrupción “al propio servicio objeto de la concesión”, al afectar ese canon a un servicio público como el suministro de agua.

Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento de Gerona acordó en febrero de 2014, ya con Puigdemont como alcalde (accedió al cargo en 2011 y permaneció en el mismo hasta 2016), la adquisición de la colección de arte del crítico de arte Santos Torroella. La Fiscalía considera que se utilizó un “artificio” para ocultar que el primer pago por esas piezas “iba a ser a cargo del canon extraordinario”, causando así “un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Girona, en la red de saneamiento y agua potable”.

Antes, en abril de 2013, el anticuario e historiador de arte Artur Ramón tasó en un informe las 1.320 piezas de la colección en 4,7 millones. Ese informe se realizó con anterioridad a la autorización del gasto, pues el decreto de la Alcaldía por el que se aprueba contratar el estudio valorativo de la colección de Rafael y Maite Santos Torroella con la empresa de Ramón está fechado 35 días después, el 22 de mayo de 2013, y firmado por el entonces alcalde Puigdemont. Ese decreto, según Anticorrupción, "falta a la verdad en el elemento esencial del documento cual es el propio objeto del mismo, pues ya habían sido emitidos tanto el informe como la factura".

Finalmente, el contrato de compraventa de los seis lotes a favor del Consistorio gerundense se suscribió el 8 de abril de 2015. El precio se fijó en 3,9 millones de euros a pagar en diversos plazos hasta junio de 2019. El pago del primer lote se produjo ese mismo mes por un importe de un millón de euros con cargo a una aplicación presupuestaria vinculada al pago del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas.

Con el “conocimiento” y “aprobación” de Puigdemont

En el escrito en el que solicita a la titular del juzgado de Gerona que eleve exposición razonada para investigar a Puigdemont, el fiscal de Anticorrupción José Grinda califica la operación impulsada por el Consistorio encabezado por el ex presidente de la Generalitat como un “artificio para defraudar al Ayuntamiento de Girona” que se llevó a cabo “con el conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont” y cuyo objetivo era “ocultar que, en realidad, el primer pago del precio de la colección se realiza a costa de las cantidades recibidas como consecuencia del establecimiento del llamado canon inicial en la prórroga de la concesión del servicio público del agua en marzo de 2013”.

Hacienda también advirtió de las supuestas irregularidades. En un informe incorporado a la causa, la Agencia Tributaria denunció que “a la vez que se ha incrementado al doble el canon (dinero que va a parar a los ayuntamientos), las inversiones a realizar se han reducido casi a la mitad, en detrimento de la calidad y del estado de las instalaciones”. De manera que para Hacienda “el consumidor final del servicio de agua durante estos años va a pagar más, pero dichos fondos no van a determinar una mejora de la calidad de las instalaciones y del servicio”.

Para la Fiscalía, ese artificio “fue asumido, con mayor o menor conocimiento”, por los once concejales que conformaban el Pleno cuando, el 14 de febrero de 2014, se acordó la compra de la colección, que llevó “a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua”.