La Audiencia de Barcelona tendrá la última palabra sobre la semilibertad de los condenados del “Procés”

Las Audiencia Provincial de Barcelona será la que tenga la última palabra sobre si los condenados por el “Procés” siguen disfrutando del régimen de semilibertad de que gozan después de que la prisión de LLedoners haya concedido el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a siete de los nueve condenados. Y es que todo hace indicar que la juez de vigilancia penitenciaria de la que dependen los internos de esa prisión irá confirmando uno a uno las decisiones adoptadas por la Junta de Tratamiento de la cárcel, tal como sucedió la pasada semana con Jordi Cuixart. Los motivos que en esa resolución esgrimía son directamente aplicables al resto de los condenados, según fuentes jurídicas.

La misma situación se presenta con Dolors Bassa, , ex consellera de Asuntos Sociales de la Generalitat en el Ejecutivo de Carles Puigdemont. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña ratificó hoy la decisión de la prisión de Pug de les Basses de otorgarle ese mismo precepto, que le permite salir tres días a la semana durante ocho horas cada uno de ellos. Bassa fue condenada a 12 años de prisión por los delitos de sedición y malversación y se encuentra en prisión desde julio de 2018, es decir, lleva de cumplimiento efectivo un año y ocho meses de cárcel.

En el auto del magistrado se esgrime, entre otros argumentos, que la ex consellera ha expresado su voluntad de no volver a la política y de enfocar su futuro «en la familia», en el el «marco laboral de la enseñanza» y jubilarse cuando le llegue el momento; además de haber expresado en su momento su postura a favor de unas elecciones anticipadas catalanas frente a la Declaración Unilateral de Independencia.

En este supuesto, aunque la Fiscalia puede recurrir ante el propio juzgados, lo norma seá que se acuda directamente a la Audiencia Provincial de Tarragona para que sea ésta la que tenga la última palabra sobre si mantiene o revoca el régimen de libertad del que disfruta desde el pasado 13 de febrero.

En estos momentos, todos los condenados en el procedimiento del “procés” gozan del 100.2, que les permite salir durante gran parte de la semana a realizar distintos tipos de trabajo, desde presidir su propia empresa de construcción, como el caso de Cuixart, para dar clases en la Universidad (Oriol Junqueras) o para cuidar a familiares y realizar labores de voluntariado (como sucede con la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell o la propia Dolors Bassa)