“Gürtel” y la visita del Papa: tres acusados admiten que se repartieron comisiones

Las defensas de trece de los 23 acusados en el juicio por la supuesta adjudicación irregular a la “trama Gürtel” de la cobertura audiovisual de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 -entre ellos el ex director de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, para quien Anticorrupción pide una condena de 40 años de prisión- han anunciado en la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Nacional que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que asumen las acusaciones por delitos de prevaricación, malversación, cohecho y fraude a la Administración, entre otros, y se comprometen a devolver el dinero del que se beneficiaron a cambio de una rebaja en las peticiones de penas todavía sin precisar.

Entre quienes han cerrado ese acuerdo se encuentran tres de los cinco acusados -el propio García Gimeno, Álvaro Pérez “el Bigotes” y el empresario José Ramón Blanco Balín- que, según Anticorrupción, se repartieron una comisión de 3,3 millones de euros gracias a la adjudicación, por parte de la televisión valenciana, del contrato para la instalación en las calles de pantallas gigantes y servicios de megafonía con ocasión de la visita papal para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias el 8 y 9 de julio de 2006. Por esa adjudicación RTVV desembolsó un montante de 7,5 millones, una cantidad que la Fiscalía tacha de “desorbitada” en su escrito de acusación.

La defensa del ex director de la televisión valenciana José Llorca también ha anunciado a la Sala que ha suscrito un acuerdo de conformidad, por el que los acusados que están dispuestos a reconocer los hechos han renunciado a que se practiquen en la vista oral las pruebas que habían solicitado sus letrados y a formalizar por escrito ante el tribunal ese pacto.

Entre los procesados que han suscrito ese pacto con el Ministerio Público no se encuentran los otros dos acusados de repartirse esa comisión millonaria, el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, y su “mano derecha”, Pablo Crespo, que se enfrentan respectivamente a peticiones de 38 y 37 años de cárcel, respectivamente. Como tampoco el ex presidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, para quien Anticorrupción reclama una pena de once años de prisión por “impulsar activamente” y “gestionar de facto” esa presunta adjudicación irregular a favor de Teconsa, una “empresa pantalla” de la trama corrupta. La operativa, según la acusación pública, se diseñó para que el entramado de Correa pudiera “apoderarse directamente de los fondos públicos” de la televisión valenciana.

Un abogado denuncia las “maniobras" de la Fiscalía

Así lo han confirmado sus letrados al tribunal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, en el que las partes han planteado a la Sala sus cuestiones previas. Durante la misma, la defensa de uno de los acusados, el empresario José Luis Martínez Parra, ha denunciado “las maniobras de la Fiscalía”, a quien ha acusado de “amedrentar” para que las partes “lleguen a conformidades después de presentar su escrito de acusación”, algo que, se ha quejado, “no se ve en ningún derecho occidental, ni siquiera en el de EE UU”, lo que según él “condicionará” la celebración del juicio, vulnerando según él su derecho a un proceso con todas las garantías.

“Esto no consiste en tener más o menos condenas”, ha asegurado antes de dejar constancia de que invocará este hecho como motivo de nulidad tanto ante el Tribunal Supremo como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso ha hecho un reproche explícito a la defensa de “el Bigotes” por “pasarse al bando del Ministerio Fiscal”.