Sánchez alienta otro referéndum

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, terminará de completar hoy en el Congreso el giro total de su política respecto a Cataluña. La Cámara Baja debatirá y someterá a votación una proposición de ley del Partido Popular para reformar el Código Penal y castigar con prisión la convocatoria ilegal de un referéndum. Una propuesta que el propio Sánchez realizó en campaña electoral. Lo hizo durante el debate a cinco junto a los demás candidatos: «Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular». Hoy, sin embargo, el PSOE renunciará con toda probabilidad a esta iniciativa.

Entre la propuesta del presidente para castigar los referéndums y el debate de hoy, sin embargo, Sánchez ha necesitado de los independentistas para ser investido y ha puesto en marcha una mesa bilateral de diálogo con la Generalitat. En este escenario, la propuesta del PP llega al Parlamento con la intención de que el PSOE tenga que retratarse.

Lo que los populares plantean es introducir de nuevo en el Código Penal el artículo 506 bis para que «la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencia para ello, convoque o autorice la convocatoria de elecciones o consultas populares por vía de referéndum» sea castigado con la «pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta».

También propone un artículo 521 bis que penaliza a quienes participen como «interventores o faciliten promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso», de forma que serán castigados con la «pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

Dada la relación de fuerzas que existen ahora mismo en el Congreso, el voto de la bancada socialista será clave para decantar la balanza. Con toda seguridad, el castigo penal a los convocantes de referéndums ilegales contará con 154 votos favorables, los del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias. En este contexto, los 120 diputados del PSOE decidirán si la proposición de ley sale adelante o no.

Por el lado de ERC y JxCat, desde el estallido del «procés» en 2017 el independentismo sostiene que un 80% de los catalanes defiende la vía del referéndum, una bolsa de apoyo a favor de la autodeterminación en la que incluyen al electorado netamente soberanista –de ERC a la CUP pasando por JxCat–, a los «comunes» de Ada Colau e incluso al entorno más catalanista del PSC. La cifra la puso el propio Quim Torra sobre la mesa en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat el 6 de febrero y se ha convertido en su mantra para no renunciar al requisito número uno en la negociación con el Estado a través del foro puesto en marcha hace dos semanas: una consulta binaria –sí o no– sobre la independencia de Cataluña.

En este sentido, desde el partido republicano critican siempre la existencia de dos PSOE muy «distintos», en referencia precisamente a los anuncios de Pedro Sánchez en campaña de querer penar los referéndums ilegales, por ejemplo, y dejan claro que una de las líneas rojas es «poder hablar de todo», en especial de la autodeterminación. Una condición «sine qua non» a la que el independentismo nunca renunciará dejando abierta la puerta de la «unilateralidad» en el futuro y a una hipotética repetición del 1-O. «La movilización maximiza nuestra fuerza en la mesa. No queremos renunciar a ninguna vía, no lo podemos fiar todo a una carta», repiten desde las filas republicanas tras el acto de Carles Puigdemont en Perpiñán.

De hecho, el president y el entorno de Puigdemont desde Waterloo van dos pasos al frente y reclaman ahora que de la mesa de diálogo salga una fecha concreta y la pregunta para el hipotético referéndum de independencia. Una declaración de intenciones lanzada el otro día por Torra en el Parlament como claro aviso de presión al PSOE y también a Esquerra, en el punto de mira de los sectores más radicales de JxCat por su vía «pragmática». «No somos unos ingenuos», vino a decir el jefe del Ejecutivo catalán a los republicanos usando una expresión muy propia del catalanismo moderado.

En plena precampaña y con las elecciones catalanas en el horizonte, ambos partidos dejan clara su apuesta inequívoca por la consulta: JxCat eleva las exigencias y ERC replica con una defensa cerrada de la autodeterminación. Este fin de semana, el propio Gabriel Rufián aseguró en una entrevista a Europa Press que se ha producido un «cambio de paradigma» con la aceptación por parte del PSOE de una consulta en el acuerdo para crear la mesa de diálogo. En este contexto, deja claro que su partido «no engaña a nadie» y que acude a la mesa de negociación con el Gobierno con el objetivo de que esa consulta incluya la opción de la independencia.

«Nosotros vamos con esa intención, de que de una vez por todas se cumpla con uno de los grandes consensos de la población de Catalunya, que es que se vote su status político», zanjó el portavoz republicano en el Congreso reivindicando la mesa como logro de ERC.

Por su parte, desde la bancada postconvergente reclaman además que el PSOE y Unidas Podemos reconozcan como «nación» a Cataluña en el próximo encuentro de la mesa de negociación, aún sin fecha concreta y que debe producirse dentro de este mes de marzo y en Barcelona. Un marcaje permanente a los socialistas bajo la amenaza de torpedear el diálogo pactado entre el Gobierno y Esquerra.