Los tribunales comienzan a suspender sus actividades

Los tribunales superiores de Justicia comienzan a suspender todas las actividades no jurisdiccionales previstas en sus territorios. Los últimos en sumarse a esa medida han sido los de Navarra y Castilla y León. Así, El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha decretado hoy, como consecuencia del progresivo aumento del COVID-19 —coronavirus— tanto en la Comunidad foral como en el resto de España, la prohibición y la suspensión inmediata de todos los actos ya programados de contenido no jurisdiccional que fueran a celebrarse en los edificios judiciales de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y Aoiz en los que se prevea en total una asistencia superior a 15 personas.

Esta limitación incluye “cualquier acto de carácter formativo, educativo o cultural que implique la presencia de miembros de colectivos o instituciones de cualquier tipo”. Esta medidas estarán en vigor, en principio, hasta el próximo día 19,. Con el acuerdo, se pretende “prevenir en la medida de lo posible futuros contagios y, en definitiva, preservar la salud de todas las personas que prestan servicio en la Administración de Justicia, así como de aquellas otras que utilizan estos servicios”.

El Tribunal Superior de Justicia de Catilla y León, por su parte, también ha decidido "pro responsabilidad" y para prevenir el avance del coronavirus, el cese de actividades que no tengan estríctamente carácter jurisdiccional en su sede de Burgos; visitas de colegios, de centros cívicos, acciones de formación, etc.

Por otro lado, los abogados de Madrid han pedido que creada por la epidemia del coronavirus, se suspendan los juicios que no sean urgentes, es decir, aquellos que, entre otros, sean enjuiciados personas que están privadas de libertad. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid esta mañana, en la que reclaman al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que «acuerden la suspensión de todas las vistas y actuaciones judiciales que no tengan el carácter de urgente», lo que afectaría tanto a jucios ya programados como a diligencias previstas, como pueden ser declaraciones de testigos.

Tras recordar que este colectivo se encuentra entre los principales usuarios de la Administración de Justicia y, por tanto, asume un riesgo de contagio en el ejercicio diario de su profesión. considera que cualquier decisión que se tome deberá contar con la participación y el consenso tanto del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid como del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, y ello, a pesar de que tanto la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial están valorando las posibles medidas a tomar ante la situación creada.