La pugna por los presupuestos en Cataluña aleja las elecciones

El PP contempla llevar las cuentas al Consell de Garanties Estatutàries. El órgano tiene un mes para emitir un dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto legislativo y se retrasaría el calendario electoral

Las elecciones catalanas todavía no tienen fecha, aunque el margen para que se celebren antes de verano se estrecha. El president Quim Torra es el único con facultad para convocarlas y hasta que no se aprueben los presupuestos no tiene intención de fijar el día de los comicios. En un principio, la previsión era que las cuentas salieran adelante en el pleno del próximo jueves 19 de marzo, pero si los grupos parlamentarios solicitan un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) –aunque sus dictámenes no son vinculantes–, se retrasarán.

Por el momento, el PP contempla acudir al CGE por los ingresos proyectados, ya que considera que el nuevo impuesto medioambiental es inconstitucional: este tributo sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente gravará la producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, así como el transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática y prevé una recaudación de 153 millones de euros anuales. Los populares no disponen de fuerza parlamentaria suficiente para pedir un informe y están en conversaciones con Cs para poder solicitarlo conjuntamente. La formación naranja se muestra prudente y hasta hoy no entrará a valorar esta cuestión. Ambos partidos tienen margen hasta el miércoles para ir al CGE, órgano que se encarga de determinar si las leyes aprobadas en el Parlament se ajustan al Estatut y la Constitución.

De confirmarse, el CGE tendría un mes para emitir un informe, aunque en la última ocasión que Cs presentó una solicitud de dictamen –a principios de año– tardó en torno a 20 días. Esto implicaría, en todo caso, que hasta mediados de abril no se podrían aprobar los presupuestos y, por lo tanto, las elecciones se celebrarían irremediablemente, como mínimo, en junio. Las elecciones deben de celebrarse 54 días después de la firma del decreto de convocatoria: de esta manera todo apuntaría al domingo 7 o 14 de junio como pronto –julio y agosto son meses poco propicios– si no se dejan para después de verano.

Si bien, más allá de aspectos jurídico-técnicos que puedan retrasar la convocatoria, las elecciones catalanas también se han convertido en nuevo motivo de choque entre JxCat y ERC ya que la fecha genera también diferencias. Los neoconvergentes todavía no tienen decidido cuándo convocarlas, aunque hay dirigentes que optan por prolongar la legislatura hasta octubre para tener tiempo suficiente para la reorganización interna –el encaje de la Crida y PDeCat– y elaborar la lista electoral –el conseller Damià Calvet ha apostado por celebrar primarias, por ejemplo–. Esquerra, sin embargo, prefiere que se convoquen cuanto antes.

La antesala de las elecciones catalanas va a estar marcada por la mesa de negociación entre gobiernos, aunque también es cierto que el coronavirus puede acabar condicionando y eclipsando la actualidad política durante las próximas semanas o meses –como ha ocurrido, por ejemplo, con los casos de acoso sexual en la Consellería de Acción Exterior destapados por el «Ara» que han llevado a la dimisión de Alfred Bosch–.

El calendario hasta los comicios se retrasa

Segunda cita de la mesa de diálogo. Quim Torra y el Govern tienen la intención de celebrar la reunión la semana que viene, antes de que empiece la campaña electoral en Galicia y País Vasco, pese a la crisis del coronavirus. De hecho, Torra sugiere hacerla por videoconferencia.
Aprobación de presupuestos. La previsión es que se aprueben en el próximo pleno del jueves 19 de marzo, pero si se solicita un informe al Consell de Garanties Estatutàries, se podría retrasar un mes –hasta mediados de abril–.
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Los grupos parlamentarios tienen hasta el miércoles para pedir un informe al TC catalán –aunque no es vinculante–.

El foro de diálogo tendrá una nueva cita con toda probabilidad la semana que viene: de hecho, Quim Torra confirmó ayer que esa es su intención pese a la crisis pandémica y sugirió celebrarla por videoconferencia. La reunión se antoja más crispada que la «mesa cero», celebrada el pasado 26 de febrero en la Moncloa, que se saldó con un comunicado conjunto en el que se pusieron las bases del diálogo y reinó un tono conciliador. Ahora, en cambio, el contexto se ha enrarecido tras el multitudinario mitin que Carles Puigdemont protagonizó en Perpiñán, donde se despreció la mesa de diálogo y se apeló de nuevo a la confrontación con Madrid, una actitud que encontró el rechazo y los reproches de Esquerra.

Días más tarde, con el objetivo de añadir presión sobre Esquerra y el Gobierno, Puigdemont se descolgó con una nueva propuesta desde Bruselas, que obtuvo también el respaldo de Torra, que en las últimas semanas ha aparcado toda beligerancia pese a que se empeñó en su momento también con el mediador, figura que ahora se ha diluido. El ex president exigió que en la próxima cita de la mesa de diálogo se reconozca a Cataluña como nación, un paso que, según adujo, permitiría generar confianza entre las partes. Tanto el PSOE como Esquerra quitaron hierro a esa condición: los republicanos consideran que ya es un «hecho» que Cataluña sea una «nación».

Lo cierto es que a medida que pasen los días y se acerquen las elecciones, la tensión y convivencia entre JxCat y ERC se va a ir haciendo todavía más evidente e insostenible, circunstancia que va a condicionar de aquí en adelante el diálogo con el Gobierno y, además, puede precipitar la cita electoral. Torra y JxCat tendrán el control de los tiempos previsiblemente hasta verano, cuando el Tribunal Supremo ratificará presumiblemente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a 18 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, al desatender a la Junta Electoral Central y no retirar los lazos amarillos. Aunque ese escenario podría anticiparse si el Supremo no admite a trámite el recurso de Torra, como ha pedido ya la Fiscalía.