Estado de alarma: ¿qué medidas y sanciones incluye?

La declaración del estado de alarma está regulada en la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Uno de los motivos que faculta al Gobierno a declararlo es, precisamente, que se produzca una “alteración grave de la normalidad” como la que acarrean las “crisis sanitarias” provocadas por “epidemias y situaciones de contaminación graves”. Éstas son las principales situaciones que regula esta normativa:

¿Qué medidas pueden adoptarse durante la vigencia del estado de alarma?

Las facultades del Gobierno al respecto son amplias. Desde limitar la circulación o la permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados hasta condicionar esos movimientos a ciertos requisitos. Asimismo, se puede decretar incluso que se requisen temporalmente "todo tipo de bienes" e imponer "prestaciones personales obligatorias". Este estado de excepción avala también, en su caso, la intervención y ocupación transitoria de "industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados" y "limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad". No obstante, la ley habilita también al Ejecutivo para dar las órdenes oportunas "para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción" de artículos de primera necesidad.

¿Puede el Gobierno acordar medidas adicionales al tratarse de una epidemia?

En supuestos como éste el Ejecutivo puede adoptar además las medidas contempladas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.

¿Qué sanciones se pueden imponer a los ciudadanos que incumplan las medidas?

Según establece el artículo diez de la citada ley, el "incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes". Si fuese un funcionario quien se opusiese a observar las medidas acordadas, las autoridades "podrán suspenderlos de inmediato" en el ejercicio de su cargo, dando traslado de las actuaciones, en su caso, a un juzgado o notificando los hechos a su superior jerárquico para que se le abra un expediente disciplinario.

¿Qué ocurre si una autoridad se niega a acatar las disposiciones?

Si una autoridad se niega a asumir las medidas, las facultades que tenga encomendadas y que fuesen necesarias para el cumplimiento de las mismas en ejecución de la declaración de estado de alarma “podrán ser asumidas por la autoridad competente durante su vigencia”.

¿Pueden recurrirse las decisiones del Gobierno durante este periodo?

Sí. Todos los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia del estado de alarma "serán impugnables en vía jurisdiccional". Quienes como consecuencia de la aplicación de los mismos "sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes".

¿Dónde se establecen las condiciones del estado de alarma?

Será en el propio decreto del Gobierno en el que determine "el ámbito territorial, la duración y los efectos" del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días y solo podrá prorrogarse con autorización expresa del Congreso, que en ese caso podrá establecer el alcance y las condiciones que regirán durante la prórroga.

¿Afecta el estado de alarma al funcionamiento de la Administración?

La normativa deja claro que la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio "no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado".

¿Cómo se darán a conocer las medidas que incluya el decreto del Gobierno?

La declaración se publica de inmediato en el BOE y debe difundirse "obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen", entrando en vigor desde el mismo instante de su publicación. También serán de difusión obligatoria las disposiciones que el Ejecutivo dicte durante la vigencia del mismo.

¿Puede una comunidad autónoma o un ayuntamiento oponerse a las disposiciones que adopte el Gobierno?

La ley establece que “todas las autoridades civiles de la Administración Pública” del territorio afectado por la declaración, así como “los integrantes de los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales y demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas” quedarán bajo las “órdenes directas” del Ejecutivo en cuanto sean necesarias “para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.