La pugna Sánchez-Iglesias frena el plan antiepidemia

Las tensiones con Iglesias y con sus socios entorpecen el mando único para gestionar la crisis

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Los españoles están confinados desde este lunes en sus casas salvo para ir a trabajar, a comprar o a urgencias. Las tensiones internas entre los socios de coalición, PSOE y Podemos, y la falta de coordinación acompañaron también la activación por parte del Gobierno del estado de alarma. En un nuevo capítulo que refl ejó de manera dantesca la debilidad de un Ejecutivo dividido y enfrentado por las cuotas de poder y por el alcance de las medidas económicas ante una situación de emergencia nacional. El Real Decreto que regula el estado de alarma implica obligatoriamente una recentralización de competencias bajo un mando único, el del presidente del Gobierno, con un segundo escalón operativo con «autoridades competentes delegadas», en el que están las carteras centrales del Gabinete de coalición, Interior, Defensa, Transporte y Sanidad, todas en manos de ministros del PSOE.

Hubo filtración del borrador del Real Decreto, retraso de la videoconferencia y de las instrucciones a las comunidades autónomas para actuar ante esta situación excepcional, y gestos de protesta de Íñigo Urkullu y de Quim Torra, los socios de Pedro Sánchez, en contra del mando único en Sanidad, transportes y orden público porque exigen seguir tomando ellos las decisiones sin injerencias del Gobierno central. Bajo un ruido de caos, España quedó ayer oficialmente parada y con la incertidumbre de cuánto tiempo costará frenar la emergencia sanitaria y cuánto costará volver a arrancar al país. El estado de alarma y sus consecuencias hacen saltar por los aires todos los planes A y los planes B de Moncloa para esta Legislatura en el ámbito político, en el económico y hasta en el judicial. Con los efectos de esto último en la agenda política, nacional y catalana, porque las dilaciones en los procesos judiciales retrasan que quede zanjado el fi n de la carrera política de Quim Torra, pendiente del recurso de casación que ha presentado en el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condena a un año y medio de inhabilitación por desobediencia.

No habrá elecciones en el País Vasco y en Galicia, pero lo previsible es que en tanto se retrase la decisión judicial que haga efectivo el cese de Torra como presidente de la Generalitat también habrá que esperar para unas nuevas elecciones catalanas. Y esto deriva en una complicación añadida para los Presupuestos Generales del Estado porque incrementa la incertidumbre sobre el futurible en el que Sánchez ha descansado el futuro de su Legislatura: las elecciones catalanas, el tripartito y la desactivación progresiva de la «mesa» bilateral con el independentismo, con los Presupuestos nacionales por medio como objeto de canje. La oposición queda neutralizada mientras dure el estado de alarma y la actuación para detener la pandemia de coronavirus.

Pero saltará sobre la coalición gubernamental en cuanto termine la crisis sanitaria porque si ya antes tenían delante de sí un Gobierno débil e inestable, cuando haya que empezar a gestionar la devastadora tormenta económica que deja esta crisis nacional lo que prevén es que haya «un desgobierno absoluto, con Sánchez abrasado en medio de los tirones de sus socios parlamentarios para quitarse de en medio la protesta y el malestar social». «Nadie querrá complicidades con Sánchez, todos se harán adversarios», prevén en Génova. Y el sentido de Estado del PP, como líder de la oposición, dejará de obligarle a callar en cuanto acabe la gestión de la emergencia sanitaria. Como haría el PSOE en las mismas circunstancias. «Casado no puede hacerse cómplice de la gestión de Sánchez hipotecada a sus socios de investidura, y pasará al ataque en cuanto seamos capaces de superar esto. Habrá tiempo, pero la gestión no ha podido ser más desastrosa. Ha faltado fortaleza y liderazgo y tendrá que explicar por qué tardó tanto en actuar con el coste en vidas que esto ha supuesto», anticipan en la dirección popular. Por supuesto, sin apoyo gratis a los Presupuestos.

Como ha hecho hasta ahora, Casado seguirá exigiendo a Sánchez que elija entre sus socios o el pacto con el PP para cuestiones de Estado como la política económica. Sánchez está desbordado por la situación. En estos días se ha visualizado que la evolución de la pandemia y las decisiones unilaterales de comunidades de tanto peso como Madrid, Cataluña o País Vasco atropellaban la pasividad del Gobierno y desnudaban la incapacidad del Ministerio de Sanidad para mantener la necesaria unidad de acción. El jefe del Ejecutivo intentó evitar la declaración del estado de alarma porque además del coste económico, en Moncloa temían lo que ayer empezó a visualizarse, las tensiones con Podemos y con Urkullu y Torra. El anuncio de la aprobación del estado de alarma a plazos, sin hacerlo efectivo de manera inmediata, provocó este viernes un efecto de éxodo desde Madrid hacia Andalucía y otras comunidades del Levante, con el coste en la expansión de la enfermedad que se deriva de una huida incontrolada de uno de los principales focos de contagio. Cuando lo que se iba a discutir encima de la mesa del Consejo de Ministros era, precisamente, el plan de confi namiento de los españoles para limitar ese escenario. El Gobierno buscará a partir del lunes la complicidad de la oposición. Pero primero tendrá que someterse hoy al examen de las comunidades. Para la mayoría, la prioridad será la garantía de recursos para proteger a sus sanitarios y a sus enfermos cuando sus sistemas sanitarios ya han llegado al estado de colapso. Por si fuera poca presión sobre Moncloa, Sánchez también se examina en el pulso que le plantean Quim Torra y el «lendakari» Urkullu para frenar el decreto que afecta a sus competencias.