El ministro de Justicia coordinará el turno de oficio en toda España

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se encargará de coordinar la actividad de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, incluso en las comunidades autónomas con las competencias delegadas, así como “los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales”, en particular el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Precisamente ha sido en el turno de oficio donde más quejas se han producido entre los abogados respecto a la falta de medidas de protección contra el coronavirus como guantes y, sobre todo mascarillas, para la prestación de este servicio de asistencia jurídica gratuita.

Así lo ha acordado el titular de Sanidad, Salvador Illa, en su calidad de autoridad competente delegada durante la vigencia del estado de alarma, en una orden dictada ayer para coordinar este servicio público en esta situación excepcional.

En la resolución, el ministro de Sanidad hace hincapié en que “las extraordinarias circunstancias” que han motivado la declaración del estado de alarma “imponen la necesidad de una coordinación, a nivel del todo el Estado, de la actividad profesional” de los funcionarios y personal de la Administración de Justicia para poder garantizar así “la prestación de los servicios esenciales y, al mismo tiempo, salvaguardar la salud de los usuarios del servicio y de aquellos empleados públicos que estén llamados a garantizar el mantenimiento de la actividad esencial de la Administración de Justicia”.

Fiscalía y CGPJ, en la comisión de coordinación

Para llevar a cabo su cometido, Campo “podrá constituir una comisión de coordinación de la situación de crisis” para consensuar las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales y dar cumplimiento a las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad.

En esta comisión estarán representadas tanto las comunidades autónomas con competencia en Justicia como la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, “sin perjuicio de las consultas que puedan formularse” a ambas instituciones. Y lo harán “a través del representante que estas designen, por considerarse necesario para poder coordinar adecuadamente las decisiones que se tomen en el ámbito de la Administración de Justicia en relación con los distintos colectivos implicados”.

Illa faculta además al titular de Justicia a adoptar “cuando sea indispensable”, previa comunicación a la citada comisión, “las resoluciones y disposiciones que sean necesarias para garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por este Ministerio para la salvaguarda de la salud pública”.

Igualmente, recuerda que como titular de Sanidad, y en virtud del decreto que acuerda el estado de alarma, es “autoridad competente delegada en el área de competencias propias del Ministerio de Justicia a efectos de aplicar el real decreto”, por lo que está habilitado para “dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares”.