Suben en Madrid los asuntos urgentes de violencia contra la mujer desde la implantación de las medidas contra el coronavirus

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en estos primeros días de implantación de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma, ha verificado una sensible disminución en el volumen de asuntos que han tenido entrada en los órganos judiciales, con independencia de aquéllos que se atienden sin demora alguna por ser de carácter inaplazable o afectar a derechos cuya tutela exige una especial protección. Sin embargo, en lo que se refiere a los asuntos relacionados con la violencia contra la mujer no sólo no han disminuido, sino que se ha experimentado un leve incremento, según ha informado hoy el TSJ de Madrid.

Así, en el orden Penal, en los Juzgados de Instrucción de guardia, tanto del partido judicial de Madrid como del resto de los partidos judiciales de la Comunidad, se ha registrado una sensible disminución del número de detenidos. Asimismo, se registra una clara disminución de denuncias.

Esto contrasta con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde la tónica general es el mantenimiento del volumen habitual de asuntos urgentes,pero se ha producido un incremento en los partidos judiciales de Arganda del Rey, Collado Villalba y Valdemoro.

En el orden Civi, se ha experimentado una clara disminución del volumen de asuntos registrados, exceptuándose los relativos a internamientos involuntarios, que experimentan un general incremento.

En cualquier caso, el TSJ sostiene que los mecanismos activados para hacer frente al estado excepcional de alarma decretado por el Gobierno de la Nación ante la propagación del coronavirus “están permitiendo la atención, despacho y tramitación de las causas y actuaciones que, por acudir a los términos ya divulgados, de no practicarse, pudieran causar un perjuicio irreparable”.

Y, junto a ello, se destaca que los órganos judiciales han afrontado esta situación sin merma alguna en todos estos supuestos de la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos, “que constitucionalmente estamos obligados a proporcionar desde el Poder Judicial".