Una juez investigará al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la marcha del 8-M

La titular del juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar si el delegado del Gobierno en Madrid cometió un delito de prevaricación o de lesiones por imprudencia profesional al autorizar la marcha del 8-M en la capital pese a la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de seis días antes de que se evitaran concentraciones multitudinarias.

La magistrada rechaza tramitar la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares el pasado día 20 contra Pedro Sánchez y el resto de delegados del Gobierno por el mismo motivo al carecer de competencia. No obstante, insta al denunciante a que, si así lo estima, traslade la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

En el marco del procedimiento, la juez Carmen Rodríguez-Medel ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma. Entre ellas, la principal es que el médico forense adscrito a su juzgado informe por escrito “si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración o, en su caso, cuando devino notorio”.

Asimismo, le solicita que determine “si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó”, por ejemplo “desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus Covid-19″. Para realizar ese informe, continúa la magistrada, el médico forense le podrá instar a solicitar “la documentación sanitaria que precise de las autoridades o responsables sanitarios que entienda oportuno, debiendo siempre velar por la protección de datos personales de especial relevancia, como son los datos personales de carácter sanitario”.

Rodríguez-Medel reclama también a la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil de la Comandancia de Madrid que elabore un atestado en el que esclarezca a qué órgano oficial se dirigió en España el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades “y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid”. Del mismo modo, el Instituto Armado deberá determinar si por parte de las autoridades competentes españolas “se remitieron recomendaciones sanitarias” a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el pasado día 5 en adelante “o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna”.

La instructora quiere saber, igualmente, “si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las mismas, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro”. Y también reclama a la Guardia Civil que averigüe si por parte de las autoridades competentes “se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones celebradas con posterioridad al 5 de marzo 2020, tales como guantes, mascarillas u otras”.