La denuncia contra Sánchez por permitir las marchas del 8-M suma ya 5.000 adhesiones

Casi 5.000 personas se han dirigido ya al abogado que ha denunciado a Pedro Sánchez por permitir las marchas del 8-M, pese a las advertencias del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, para adherirse a esa denuncia. La intención del letrado Víctor Valladares es, según explicó ayer a LA RAZÓN, aglutinar a todos ellos en torno a una asociación, Afectados por la Gestión contra el Coronavirus, cuyos estatutos está pergeñando ya.

Valladares, que tiene desde el pasado lunes a su padre ingresado en un hospital gallego por coronavirus, es consciente de que, a consecuencia del estado de alarma, las gestiones para constituir la asociación pueden demorarse, pero matiza que «mientras no se constituya iremos archivando los datos de cada persona y se añadirá su nombre a la denuncia, que se sustituirá por el de la asociación cuando finalmente se constituya».

El objeto social de la asociación será, dice, “articular cualquier actuación judicial o extrajudicial en aras de la defensa de los intereses y derechos de los asociados afectados por la gestión de la infección en España”.

El letrado dice que está recibiendo «cientos de adhesiones diarias» fundamentalmente a través de Linkedin y Twitter. «Me gusta contestar cuanto antes a todo el mundo, pero me está resultando imposible. Pido disculpas pero iré contestando a todos». Y explica que quienes quieran sumarse a la iniciativa –4.880 lo habían hecho ya en el momento de escribir estas líneas– y se consideren «afectados» por la gestión que está llevando a cabo el Ejecutivo podrán a posteriori sumarse a la asociación se así lo desean. Y aclara que «no se van a cobrar ningún tipo de honorarios».

En la Junta Directiva de la embrionaria asociación figurarán, además de Valladares, el abogado cántabro Javier Noriega y un economista. El letrado abre la puerta a que desde la asociación se impulsen otras iniciativas ante los tribunales relacionadas con esta pandemia, pero precisa que «siempre a petición de los asociados». Por ejemplo, asegura, «un grupo de médicos catalanes quieren presentar una denuncia por negligencia contra el Gobierno». Y es que el código deontológico de la Abogacía Española no permite publicitar los servicios profesionales «a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas» en momentos que «condicionen» la libre elección de abogado y «en ningún caso hasta transcurridos 45 días desde el hecho».

Resolución “arbitraria”

«No adheriremos a nadie hasta que tengamos el número de la causa», dice Valladares, que se muestra «seguro» de que la denuncia se admitirá a trámite. «Que prospere es otra cosa», admite. «Los denunciados alegarán que han seguido en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias y que el informe del organismo comunitario no era vinculante», aventura. Y hace hincapié en que, según su criterio, «para prevaricar no tienes que incumplir ninguna ley, porque la jurisprudencia establece que el tipo es muy amplio”. ««La clave es –añade– que se trate de una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. Aunque alguna interpretación doctrinal sí exige el incumplimiento de una normativa, depende del magistrado que te toque».

El artículo 404 del Código Penal castiga «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo» con la pena de nueve a 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.