La Audiencia pide un informe a la AVT sobre el impacto psicológico de los homenajes a etarras en las víctimas

La Audiencia Nacional ha solicitado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) un informe que detalle las consecuencias psicológicas que tienen en las víctimas los homenajes a ex miembros de ETA, fundamentalmente los recibimientos («ongi etorri») a los presos de la banda que salen de prisión tras cumplir sus condenas. Así lo ha acordado, según ha podido saber LA RAZÓN, el juez Manuel García-Castellón en el marco de la causa en la que investiga casi un centenar de actos impulsados por la iniciativa «Kalera Kalera», un procedimiento que mantiene imputadas a una docena de personas –entre ellas el histórico ex dirigente de ETA José Antonio López Ruiz, «Kubati»– y en el que está personada como acusación, además de la AVT, Dignidad y Justicia.

La iniciativa, acordada a instancias del Ministerio Público, responde a la intención de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, de acreditar que pese al fin de ETA estos homenajes suponen una delito de humillación a las víctimas, ante la dificultad para conseguir en los últimos años que el tribunal considere estos actos un enaltecimiento del terrorismo.

El pasado día 5, el fiscal Carlos García-Berro propuso la medida tras desestimar, en consonancia con lo expresado por la Guardia Civil, la posibilidad de tomar declaración de forma individualizada a las víctimas de esos homenajes y recibimientos públicos. Fuentes jurídicas apuntan que fue el propio instructor quien planteó esa posibilidad, pero la Guardia Civil adujo la dificultad que supone localizar a las víctimas del terrorismo afectadas por ese centenar de homenajes y propuso que se pidiera el reseñado informe.

En esa misma línea, la Fiscalía se opuso a esa diligencia para «evitar cualquier actuación procesal que pueda implicar un proceso de victimización secundaria de las víctimas». De ahí que en lugar de esa toma de declaración, se inclinase por «oficiar al departamento psicosocial de la AVT a fin de que, por parte de los psicólogos que la integran, informen sobre las incidencias psicológicas que la reiteración de actos de homenaje generan en las personas por ellos atendidas».

Así lo acordó finalmente el instructor que decidirá, una vez recibido ese dictamen, si es procesalmente oportuno tomar declaración a las víctimas. Además, según las fuentes consultadas, García-Castellón ha despachado varios mandamientos judiciales a Facebook, Twitter y Google para que identifiquen algunos perfiles utilizados en redes sociales que impulsaron las convocatorias de esos actos.

Una directiva de la Unión Europea –asumida tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia–, que limita la comisión del delito de enaltecimiento del terrorismo a los supuestos en que esos actos supongan un riesgo de que se cometan actos terroristas, ha hecho caer en picado en la Audiencia Nacional, con ETA ya disuelta, las condenas por este delito. De ahí que los esfuerzos de la Fiscalía y de las asociaciones de víctimas –además de la AVT, Dignidad y Justicia y Covite– vayan encaminados a acreditar la otra modalidad delictiva que contempla el artículo 578 del Código Penal, la humillación a las víctimas y de sus familiares, castigada igualmente con penas de prisión de uno a tres años tras la reforma penal de los delitos de terrorismo en 2015.

Intención de humillar a las víctimas

Dado que para condenar por descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas es necesario demostrar la intención del acusado de llevar a cabo esas conductas con ese propósito, los jueces no aprecian a veces esa intención en el recibimiento de un preso de ETA por parte de sus familiares y amigos, lo que cada vez más habitualmente lleva a la Fiscalía y a las asociaciones de víctimas a concentrar sus esfuerzos acusatorios en intentar demostrar la existencia de esa humillación, por ejemplo ahora con un informe que acredite las consecuencias psicológicas que les acarrea ver recibidos como héroes en sus localidades al asesino de un ser querido.

En la actualidad, el procedimiento de mayor calado que mantiene abierto la Audiencia Nacional por este motivo es que el instruye García-Castellón con el movimiento de la izquierda abertzale «Kalera Kalera» en el punto de mira por organizar supuestamente casi un centenar de actos de homenaje a ex miembros de la banda terrorista. En un informe incorporado a la causa, la Guardia Civil enmarca esta iniciativa que aglutina ahora los actos de apoyo a los presos de ETA en una estrategia de «blanqueamiento de las organizaciones que le prestaban apoyo» puesta en marcha tras la disolución de la banda terrorista. Para el Instituto Armado, con esos actos se «legitima la actividad terrorista».

Sin embargo, en sus comparecencias ante el juez, tanto «Kubati» como el resto de investigados –entre ellos el que fuera responsable de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano– declararon que participaron por ser cargos de Sortu o por su relación con los homenajeados, para mostrarles su «sensibilidad».