Solo los abogados que hayan perdido un 50% de sus ingresos podrán optar a las ayudas en Madrid

Los letrados que reclamen las ayudas comprometidas por el Colegio de Abogados de Madrid deberán acreditar que han sufrido una merma de al menos un 50% en sus ingresos por la crisis del coronavirus y las restricciones impuestas por el estado de alarma. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno de la institución por unanimidad en una reunión en la que ha establecido los criterios prioritarios para poder acceder a esas convocatorias de ayudas, a las que se destinarán en principio un millón de euros a través de la Fundación Cortina -encargada de la gestión y el pago de las prestaciones asistenciales a los colegiados- y que se pondrán en marcha una vez que concluya el estado de alarma.

Consciente de la insuficiencia de esa cantidad y de las demandas de algunas asociaciones letradas, el órgano colegial se compromete a centrar sus esfuerzos “desde el plano político, en presionar a las autoridades para obtener un paquete de ayudas especiales destinado a todos los profesionales autónomos” que pasan “necesariamente” por la obtención de moratorias en el pago de cuotas sociales y fiscales “y, sobre todo, por una revisión urgente de la fiscalidad que grava nuestra actividad, tanto a nivel estatal, autonómico y local”, al margen de la obtención de otros estímulos económicos.

En primer lugar, se asignarán de forma prioritaria a los abogados en ejercicio, tanto por cuenta propia como ajena, “sin perjuicio de que todos los colegiados puedan ser perceptores de otras ayudas ya convocadas o que convoque la Fundación Cortina”, señala el Colegio en un comunicado. El objetivo de las mismas, añade, debe ser en todo caso contribuir al “mantenimiento y reactivación de su actividad profesional”.

Al margen de otros requisitos que pueda establecer la Fundación Cortina, los beneficiarios deberán estar colegiados a fecha 14 de febrero de 2020, estar al corriente de las cuotas, disponer de unos ingresos brutos de la unidad familiar no superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y que los ingresos del trimestre anterior se hayan visto reducidos en un 50% “con relación al promedio de los importes declarados en el semestre anterior si se trata de abogados ejercientes por cuenta propia”.

Por último, la Junta de Gobierno establece que la cantidad transferida por el Colegio a la Fundación Cortina será distribuida por el Patronato, previa aprobación de las bases que fijen los criterios de acceso y el alcance material de las ayudas, en función del número de solicitudes que se reciban.

Alcance limitado

El pasado día 23, la Junta de Gobierno adoptó una serie de medidas para hacer frente al impacto de la crisis originada por la pandemia en la actividad profesional de la abogacía y se creó una partida extraordinaria de un millón de euros para paliar los efectos de la crisis en los colegiados más vulnerables. Asimismo, se decidió suspender el pago de las cuotas en el segundo trimestre del año a aquellos colegiados que lo soliciten expresamente para hacer frente, quienes en todo caso deberán abonar esos importes aplazados de forma prorrateada durante el resto del año y en 2021.

El órgano de gobierno encomendó a la Fundación Cortina la gestión de esas ayudas y puso a disposición de los abogados de forma gratuita las instalaciones del “Espacio Abogacía” (ubicadas en el número 377 de la madrileña calle Bravo Murillo, frente a los juzgados de Plaza de Castilla) para que las puedan utilizar como despachos aquellos letrados que acrediten “la pérdida de su espacio de trabajo debido a los efectos de la crisis del Covid-19”.

Las medidas fueron consideradas insuficientes por algunas asociaciones de abogados, como ALA, y en respuesta a esas críticas la Junta de Gobierno asegura ser “muy consciente” del alcance limitado de las mismas y de que mitigan “de una forma relativa” el impacto de la crisis, aunque recalca que suponen “el máximo esfuerzo patrimonial que el Colegio puede asumir”.