Abogados Cristianos se querella contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado la presentación en el Tribunal Supremo de una querella contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus, en la que denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha tomado medidas “pese a estar informado de la letalidad del virus” y a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había indicado el pasado enero la necesidad de adquirir test. En un comunicado, esta asociación justifica su decisión de acudir a la vía penal “por la frivolidad con la que el Gobierno está tratando a los mayores de 70 años”.

Además de Pedro Sánchez, entre los querellados figuran los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo, y los ministros responsables de la gestión de la crisis: el titular de Sanidad, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, José Luis Ábalos; la titular de Defensa, Margarita Robles, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, como también Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad,

Abogados Cristianos solicita además medidas cautelares urgentes para que se administre material de protección y medicinas para el tratamiento de la enfermedad en residencias de mayores y discapacitados.

La asociación asegura en su denuncia que el Gobierno “sabía desde enero la letalidad del Covid-19 y, aun así, permitió que decenas de miles de personas se dieran cita en las calles durante las manifestaciones feministas del 8-M”, que, añade, “fueron publicadas, jaleadas y convocadas por los partidos políticos Podemos y PSOE”, realizando varios miembros del Ejecutivo “varios llamamientos públicos para acudir” a esas concentraciones. Y reprocha al Gobierno que no acordara “como medida precautoria la suspensión de las manifestaciones a pesar del riesgo de contagio y propagación masiva del coronavirus declarado, cierto y científica y administrativamente avalado por los organismos internacionales especializados”. “No les importó poner en riesgo la salud de los españoles, con tal de avanzar en su agenda ideológica”, denuncia.

En Madrid y en Barcelona, señala, esas marchas reunieron a 120.000 y 80.000 personas, respectivamente, y a día de hoy "Madrid es el principal foco de contagios en toda España con 3.082 muertos y 22.677 contagiados" y Cataluña "es la comunidad que más crece en número de muertos al día, con 1.226 muertos y 15.026 contagiados".

Para la asociación querellante “existe un nexo de causalidad innegable entre las acciones y omisiones de los denunciados y la terrorífica propagación de la enfermedad con miles de muertos, decenas de miles de enfermos, la sanidad en colapso y la economía al borde de la quiebra, a lo que hay que sumar una violación brutal de derechos fundamentales de la persona como consecuencia del real decreto de estado de alarma”.

Igualmente, denuncia que el Gobierno ha “abandonado” a las personas mayores y más vulnerables, dejando “totalmente abandonados” a las residencias y centros de día “cuando ya había anunciado la centralización de la sanidad y de los equipos de protección”.

Asimismo, Abogados Cristianos hace hincapié en que 48 horas antes del 8-M se redactó desde el Ministerio de Sanidad un informe técnico, entre cuyos autores se encuentra Fernando Simón, en el que se alertaba de que el virus puede transmitirse “a distancias de hasta dos metros”, y recuerda que Simón aseguró a los ciudadanos: “Quienes consideren que tienen que estar en la manifestación que estén y si consideran que no tiene que estar que no estén”. Y eso, denuncia, “a sabiendas de que se trataba de un virus altamente contagioso y que la asistencia a la manifestación implicaba un riesgo de contagio muy elevado”.

Entre otras diligencias, la asociación letrada pide la declaración como testigo de Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación, y del portavoz de la Organización Médica Colegial Juan Martínez Hernández.

El artículo 195 del Código Penal castiga con penas de multa de tres a doce meses al que “no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros”. Por otro lado, el artículo 404 recoge el delit de prevaricación administrativa: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, asegura que el Gobierno “sabía que ocultando la realidad del coronavirus hasta después del 8-M ponía en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó” y denuncia que “el volumen de afectados ha desembocado en triajes en los que los mayores han quedado totalmente desahuciados, sin posibilidad de acceso a una cama en una UCI”. Igualmente, critica que a las residencias de ancianos “no se les está administrando medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación, y tampoco les están haciendo llegar test, lo que hace casi imposible frenar el contagio”, lo que considera “una muestra más de la actitud eutanásica de este Gobierno que desprecia la vida de los mayores y los discapacitados”.

Abogados Cristianos ofreció hace unos días a través de una web asistencia legal gratuita a los familiares de los fallecidos por coronavirus, una publicidad que tuvo que retirar poco después a instancias del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de Abogados de Valladolid. La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha solicitado igualmente al Colegio de Abogados de Madrid que abra un expediente disciplinario a la Junta Directiva de esta asociación por lo que, a su entender, supone una violación del código deontológico de la abogacía que impide a los letrados ofrecer sus servicios profesionales a víctimas de calamidades públicas hasta que no hayan transcurrido 45 días desde esos sucesos excepcionales.