Debate sobre las «arcas de Noé» de Sánchez: confinar a los asintómaticos solo con autorización judicial

El aislamiento obligado de los contagiados asintomáticos abre un debate jurídico sobre su viabilidad. Pedro Sánchez anunció ayer a las comunidades autónomas que La Moncloa está planeando aislar fuera de sus domicilios a los pacientes asintomáticos para que sean apartados de sus familias y evitar así nuevos contagios. La medida es aconsejada, según Sánchez, por los expertos del comité de crisis que prepara la fase de transición para ir recuperando progresivamente la normalidad con garantías de que la pandemia ha quedado controlada.

La iniciativa fue lanzada sin definir en sus justos términos, pero plantea un debate sobre su legalidad. Políticamente se sostiene que puede ser viable porque estamos en estado de alerta y con una pandemia. Jurídicamente, sin embargo, no es tan sencillo y fuentes del Poder Judicial aseguran que esta medida de aislamiento necesita del consentimiento del individuo o una autorización judicial previa.

Para implementarla Sánchez ha exigido ya a las comunidades que antes del próximo fin de semana le hagan llegar una lista de infraestructuras públicas y privadas que sirvan para alojar a las personas que den positivo en los test rápidos, pero que no tengan síntomas. Están pensando en albergues, hoteles, polideportivos o palacios de congresos, por ejemplo, donde vivirían hasta que den negativo. María José Serra, del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, precisó en otra comparecencia que podrán ir a esas instalaciones aquellos enfermos que no puedan garantizar buenos aislamientos a domicilio. ¿Entonces será obligatoria o quedará sometida a las circunstancias individuales?

La medida ha quedado rodeada de confusión respecto a si la intención del Gobierno es imponer obligatoriamente estos aislamientos a las personas asintomáticas. «Se estudiarán los criterios médicos para el desescalamiento, donde se estudiará el aislamiento preciso de los asintomáticos. Una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible. Si no se estudiarán todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública, con exquisito respeto a los derechos fundamentales», explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Además, condición necesaria para poder implementarla es disponer de los suficientes test para realizar este cribado general de detección precoz. La falta de previsión del Gobierno ha hecho que la falta de material y de test sea uno de los principales problemas en la lucha efectiva contra el Covid-19. No ha habido test y hubo compras fallidas, lo que ha retrasado la acción contra la pandemia y ha llevado a que los profesionales sanitarios hayan estado trabajando en condiciones de desprotección, sin saber si estaban o no contagiados. Además de haber dejado completamente desprotegidas a las residencias de mayores. Hay diferencias por comunidades, pero ahora mismo los test se realizan básicamente a personas con síntomas claros.

Sánchez anticipó ayer esta nueva medida a las comunidades autónomas, pero sin marcar una fecha clara en el calendario. La mayoría de los presidentes autonómicos preguntaron, sin que hubiera concreción por parte del jefe del Ejecutivo. Sí que le notaron más seguro que en ocasiones anteriores y concluyeron que la compra debe estar formalizada y que la intención de Moncloa es generalizar las pruebas durante el mes de abril. Sanidad anunció ayer el reparto de un millón de test rápidos, que tienen que terminar de llegar hoy.

La mayoría de los presidentes autonómicos avalaron la prórroga del estado de alarma con duros reproches, como en ocasiones anteriores, a la falta de coordinación y de material, respiradores y test. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reclamó que las competencias de salud sean reintegradas a la Generalitat, en lugar de que siga ejerciéndolas el mando único. Y también criticó con dureza el abastecimiento de material, que «no ha funcionado». Los representantes del PP tenían la instrucción de Pablo Casado de reclamar al Gobierno el dinero que debe a las comunidades.

La crítica ha ido también dirigida contra el Gobierno porque use fondos destinados a las autonomías a formación para costear los ERTEs que se han ejecutado durante el estado de alarma. Aunque las necesidades de cada comunidad se ajustan a sus circunstancias, hay una línea que une a todos los territorios respecto a la queja sobre la necesidad de recuperar los fondos de formación o sobre la falta de liquidez para las empresas, necesaria para que puedan garantizar su supervivencia. Presidentes socialistas avalaron que se impulsen otros Pactos de la Moncloa, que incluyan a las CC AA. La dirección del PP los ve innecesarios.