El Gobierno rectifica el encierro de los asintomáticos

Las comunidades autónomas salieron muy confusas de la última videoconferencia que mantuvieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo por la petición que se les formalizó para que buscaran infraestructuras, pabellones, palacios de congresos, hoteles, en los que confinar en la fase de transición a los asintomáticos del Covid-19 que dieran positivo.

Ayer las órdenes empezaron a matizarse desde algunas Delegaciones del Gobierno. Aclararon a sus interlocutores autonómicos que el confinamiento de los asintomáticos no sería obligatorio, a diferencia de la impresión que les dejó la conversación con Sánchez. La idea ahora es que será una posibilidad que se ofrecerá a aquellos que den positivo, sin síntomas, y que prefieran esta opción porque consideren que en sus domicilios no se dan las condiciones para cumplir adecuadamente con la cuarentena. Además, también hay cambios en las infraestructuras. Desde las Delegaciones del Gobierno señalan ahora a la logística que ya está colaborando con el sistema sanitario, como residencias de estudiantes, o bien hoteles.

La posibilidad de tener que acondicionar centenares de pabellones por todo el territorio nacional es inasumible en coste económico para las comunidades autónomas, como ayer empezaron a hacer llegar al Gobierno. La medida lanzada, sin estar bien atada, plantea un incremento de gasto que excede las capacidades autonómicas en estos momentos. En la reunión telemática de este domingo con el presidente del Gobierno hubo muchas voces, entre ellas, en bloque, las autonomías del PP, que exigieron a Sánchez que devuelva a las comunidades el dinero que les adeuda Hacienda y los fondos de formación que ha utilizado para resolver los ERTEs que se han ejecutado por la pandemia.

La confinación obligatoria de todos los asintomáticos plantea además serias dificultades legales. Los juristas dudan de que el estado de alarma faculte al Gobierno para imponer esa medida con carácter obligatorio universal, y consideran que exige el consentimiento o incluso una autorización judicial para poder ejecutarla. En suma, la medida se encuentra en la línea que separa lo constitucional de lo inconstitucional al resultar equivalente a una especie de arresto.

Sánchez justificó ante los presidentes autonómicos esta propuesta en las recomendaciones de los expertos que asesoran al Gobierno en el comité de crisis que estudia cómo gestionar la vuelta escalonada a la normalidad. Pero las autonomías han reaccionado con desconcierto y malestar. «Hay que plantear soluciones viables». En la actualidad, en todas las comunidades se han habilitado espacios para derivar, dentro de la red sanitaria, a los pacientes leves a fin de aliviar la carga de los hospitales y contener el contagio.

Pero la propuesta esbozada por Sánchez el domingo va mucho más allá. «Ni hay presupuesto para habilitar estos espacios ni tampoco puede obligarse a nadie a ingresar sin que haya por medio una autorización judicial». Las delegaciones del Gobierno, primer canal de comunicación con las comunidades, empezaron a recibir en el día de ayer quejas en esta dirección desde distintos territorios. El domingo pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclaró: «Supongo que una voluntariedad manifiesta, si fuera precisa, sería algo factible. Si no, se estudiarán todas las opciones legales porque el principio fundamental es mantener la salud pública».

Finalmente, todo apunta a que las dificultades logísticas serán suficiente razón como para que la medida se flexibilice respecto a lo inicialmente anunciado por Moncloa. Las videoconferencias con los presidentes autonómicos están convirtiéndose en una suerte de trámite semanal con más vistosidad mediática que utilidad como mecanismo de coordinación. Los «barones» regionales se quejan de que las decisiones se adopten fuera y antes de que se reúnan, además del malestar compartido por la falta de suministros. Por cierto, ayer por la mañana llegaron a las delegaciones del Gobierno los test anunciados por Sanidad el domingo.

No obstante, para poder avanzar hacia la flexibilización del confinamiento el Gobierno tiene que disponer de los suficientes test como para examinar a la mayoría de la población, de modo que haya garantías de que la salida a la calle no conlleva el riesgo de que haya un nuevo rebrote de los contagios. Sánchez se comprometió a disponer de estos test, pero en las comunidades están a la espera de ver cómo llegan y cuándo, aunque lo lógico sería que las pruebas se pudieran realizar en el mes de abril, antes de que termine la última prórroga del estado de alarma anunciada por Moncloa. Vistos los precedentes en la gestión de la pandemia, hay desconfianza autonómica.

España marcó ayer otro mínimo de contagios y muertes diarias y en algunas comunidades empieza a sentirse cómo baja la presión en los hospitales. Pero, en paralelo, crece la exigencia de la oposición para que se haga un examen exhaustivo de la gestión de la pandemia. El argumento en el que se va a centrar la campaña contra el Ejecutivo socialista será el de que primó la política por encima de la salud, y por eso España es el país con más número de muertos en proporción a sus habitantes.