El Gobierno aprobará de urgencia un Ingreso Mínimo Vital extraordinario por el Covid-19

El Gobierno pondrá en marcha de manera urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) para garantizar que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar la crisis derivada de la epidemia del coronavirus. Así se lo han trasladado a los sindicatos este jueves el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Esta medida, no obstante, no se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, tal y como reconocen fuentes del Ejecutivo de coalición a LA RAZÓN.

Según fuentes próximas a la Vicepresidencia de Iglesias, los miembros del Gobierno han insistido en este encuentro en la necesidad “de un gran acuerdo de país basado en el constitucionalismo social para afrontar la crisis”. Y en ese contexto, el Ejecutivo sitúa como gran prioridad la puesta en marcha de este Ingreso Mínimo Vital Puente, que se articularía como una ayuda transitoria para los más afectado por la actual crisis sanitaria. Lo que no supone en todo caso que el Ejecutivo de Sánchez renuncie a la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital con carácter general y permanente: “El Gobierno de coalición mantiene su compromiso, incluido en el programa de Gobierno, de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente. No obstante, las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional que requiere el desarrollo del IMV podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación”, añaden desde el departamento de Derechos Sociales. Esto supone, en la práctica, que esta renta mínima extraordinaria por el Covid-19 permanecería vigente hasta la aprobación del IMV definitivo, con el que, según la Vicepresidencia de Iglesias, quede completado “el escudo social que está construyendo el Gobierno para que nadie quede desprotegido en esta crisis”.

Esta es la propuesta que Iglesias, Díaz y Escrivá han traslado tanto a Comisiones Obreras y UGT, como a las organizaciones Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector, con las que se han reunido a continuación. Todas estas organizaciones, según el Gobierno, “han mostrado su total apoyo a esta medida extraordinaria, al tiempo que comparten la necesidad de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente a la mayor brevedad”.

El Gobierno ha tenido que decidirse por esta tercera vía ante la imposibilidad de lograr un acuerdo general entre todas las comunidades autónomas, que son las que asumen las competencias de este tipo de medidas de protección social. El vicepresidente Iglesias ha presionado hasta la saciedad tanto a Escrivá, como a Nadia Calviño y al propio presidente Sánchez para que esta medida se aprobara cuanto antes, como ya adelantó LA RAZÓN. Y parece que está a punto de lograrlo, aunque con una solución intermedia. Ha sido el propio ministro Escrivá el que trasladó a Iglesias que los problemas técnicos y legales impedían la aprobación inmediata de un IMV. Tras las discretas reuniones que ha mantenido las últimas dos semanas con la mayoría de consejeros de las autonomías, llegó a la conclusión de que necesitaría mucho tiempo para concertar un acuerdo definitivo que evitara duplicar o solapar subsidios y competencias que ya tienen incorporadas estas regiones, y que benefician a personas en riesgo de exclusión a través de sus servicios sociales. Por ello, ha decidido esperar para no tensar la cuerda de las ya deterioradas relaciones con algunas comunidades, en poder de fuerzas nacionalistas o del Partido Popular.

Una vez que el Ministerio de Seguridad Social comunicó a Asuntos Sociales que la aplicación de esta nueva prestación se iba a demorar varios meses en el tiempo, Pablo Iglesias decidió presentar una alternativa con este Ingreso Mínimo Vital Puente, que estará operativo de forma provisional hasta que sea aprobada la renta mínima vital definitiva que, como ya ha advertido Seguridad Social, no será posible antes del verano. Asuntos Sociales ultima ya esta nueva prestación, a la que sólo le faltan unos flecos antes de que pueda presentarse al Consejo de Ministros. Aunque no ha trascendido la cuantía definitiva que será aprobada para esta renta mínima provisional, la cantidad que percibiría cada beneficiario nunca sería inferior a los 431 euros aprobados para el subsidio extraordinario por fin de contrato temporal. Seguridad Social estaba barajando decidirse por una cantidad intermedia entre dos indicadores: el Iprem –el de referencia para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas–, situado en 548,6 euros y que está pendiente de actualizarse este año, y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado por el Ejecutivo en 950 euros. Según Asuntos Sociales, esta prestación podría beneficiar hasta a cinco millones de personas que han quedado especialmente desprotegidas por las consecuencias de la pandemia.