Jueces y Abogacía se oponen al “plan de choque” de la Justicia elaborada por el CGPJ

Jueces y abogados se han mostrado muy críticos con el “plan de choque” propuesto por el Consejo General del Poder Judicial para hacer frente a la avalancha de asuntos que recibirán los juzgados una vez que éstos recuperen su normalidad. Especialmente preocupante será en lo que afecta a los juzgados de lo Mercantil y Social, ya que serán los encargados de resolver todos los litigios por despidos, EREs o ERTEs llevados a cabo durante esta crisis. El Consejo General de la Abogacía Española, así como la Asociación Profesional de la Magistraturay la Asociación Judicial Francisco de Vitoria –primera y segunda en el número de asociados- discrepan en aspectos esenciales de las propuestas del CGPJ y conciden en el rechazo a habilitar el mes de agosto. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) sí avala la posibilidad de que los juzgados abran en agosto para hacer frente a la sobrecarga de trabajo.

Así, el Consejo General de la Abogacía Española, que preside Victoria Ortega y representa a todos los colegios de abogados en España, requiere al CGPJ para que priorice las medidas que permitan desatascar lo antes posible los juzgados y tribunales. Además rechazan de plano que el mes de agosto sea hábil, ya que “el derecho al descanso y a la conciliación alcanza a todos y supondría una mayor distorsión en la actividad normal de los tribunales”.

La Abogacía destaca en sus alegaciones que, con carácter general, muchas de las medidas propuestas responden a situaciones del ámbito de la justicia existentes con anterioridad a la declaración del estado de alarma, sin que sean consecuencia del mismo. Por ello, sostiene al respecto, “para proceder a efectuar cualquier modificación propuesta por el CGPJ, resultaría imprescindible realizar una reflexión mucho más profunda y detallada, bajo la forma ordinaria de cualquier iniciativa legislativa, con participación de los actores jurídicos, y con los informes preceptivos y vinculantes de los órganos consultivos correspondientes”.

Por todo ello el Consejo General de la Abogacía Española rechaza todas aquellas medidas propuestas que son ajenas a la evitación del colapso futuro previsible de los juzgados e instancias judiciales, o ajenas a las consecuencias derivados de este hecho y de la situación que vivimos en la sociedad derivada de la pandemia del Covid-19.

Un plan poco realista

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, presidida por Manuel Almenar, no duda de que la Justicia necesita un plan de choque que “minimice en lo posible el daño, mediante la implantación de medidas, fundamentalmente organizativas y que puedan aplicarse al tiempo del cese del estado de alarma o incluso antes”. Sin embargo, considera que el propuesto, ahora como borrador, por el CGPJ, “es bienintencionado, pero peca de optimista o poco realista”, ya que junto a medidas acertadas, “se proponen otras excesivamente ambiciosas, sea porque, aunque necesarias, exigen reformas legales que se dilatarán en el tiempo, o por requerir un presupuesto que es difícil que exista; hay medidas que son ineficaces o que tienen poco que ver con la realidad; y también hay alguna que parece pensada solo para la galería”.

Además, denuncia la APM que en el documento del Consejo no se observa “la más mínima referencia a la progresiva vuelta a la normalidad”, por lo que sería preciso “abordar medidas sobre cómo se va a producir la reincorporación, cómo se van a practicar las notificaciones” o, cómo se va a priorizar los asuntos.

Por otra parte, la APM sostiene que ante una avalancha de asuntos, las medidas son esencialmente tratar de reducir la entrada y aumentar la resolución. Para conseguir este último objetivo son esenciales los recursos personales. “No se entiende que, como propuesta general (se recoge de forma absolutamente improcedente como propuesta sectorial del orden social -6.25- y con olvido de que el destino natural de los jueces recién incorporados deben ser los órdenes civil y penal), no se prevea la inmediata incorporación de los 62 jueces en prácticas que están haciendo funciones de sustitución y refuerzo, ni se contemple la supresión de dicha fase para los 188 alumnos de la Escuela Judicial que comienzan la fase de prácticas tuteladas en septiembre”, denuncia al respecto esta asociacion judicial.

“Colar” reformas

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria también es más que crítica con el documento del CGPJ, ya que considera que las propuestas del órgano de gobierno de los jueces y magistrados adolecen de "falta de garantías, eficacia y realismo para evitar el colapso judicial que provocará la pandemia". Además, considera que el CGPJ no ha elaborado un auténtico “plan de choque”, sino que ha aprovechado la situación política, por vía de urgencia, “tratar de introducir reformas que merecen un gran consenso político” y que, por ello, “no deben escoger los resquicios de pérdida de garantías provocado por un estado constitucional pero excepcional, para eludir el control parlamentario y social”.

La conclusión para esta asociación es que las propuestas del CGPJ en su conjunto suponen una “burocratización de la Administración de Justicia, una merma de la motivación, la oralidad, la contradicción, la inmediación y el respeto por la función jurisdiccional”. Especial consideración merece, añaden al respecto, la “degradación de la función atribuida a los miembros de las últimas promociones de jueces, a quienes se pretende imponer funciones de refuerzo ampliando el periodo de refuerzo y sustitución o acortando la formación de la promoción actualmente en la Escuela Judicial”.