Torra aprovecha un decreto ley del coronavirus para subir un 0,9% la pensión a los ex presidentes catalanes

Mientras España entera batalla para frenar la ola de contagios por coronavirus, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, “cuela” en uno de los decretos leyes por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid 19 una disposición adicional que incluye mejoras salariales para los ex presidentes catalanes.

En concreto, el pasado el pasado 9 de abril se publicó un decreto ley por el cual se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para frenar los efectos de la pandemia y en su disposición cuarta dice “a falta de convalidación del Decreto ley 3/2020, de 11 de febrero regula el incremento de la cuantía de las pensiones a que se refieren los apartados primero y tercero del artículo 30 de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017”.

El mencionado decreto establece que se incrementan en un 0,9% las retribuciones respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019. Afecta a las pensiones y asignaciones temporales otorgadas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los expresidentes de la Generalidad, y de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los Presidentes del Parlamento, al cesar, y a sus familiares, se tienen que actualizar de acuerdo con su normativa.

Es decir, lejos de paralizar y renunciar a esta subida salarial en un momento en el que los españoles y catalanes están atravesando momentos económicos muy difíciles debido a la crisis económica como consecuencia del freno económico como consecuencia del confinamiento, la Generalitat introduce de manera sigilosa y por la puerta de atrás esta disposición adicional.

No en vano, el proyecto de presupuestos de la Generalitat para este 2020 contempla una partida de 850.000 euros en asignaciones y pensiones para los ex presidentes del gobierno y del parlamento catalán, lo que supone un 41,6% más del presupuesto de 2017, cuando esta partida era de 600.000 euros.

De este considerable aumento se podrá beneficiar Torra cuando deje la Generalitat y también se ha pensado en los ex consejeros y los presidentes del Parlament. Según la mencionada Ley 6/2003, sin aplicar el aumento del 0,9%, Torra tendrá derecho a percibir una pensión vitalicia de 89.698 euros anuales ya que en la actualidad percibe 146.926 euros, un sueldo que le sitúa como uno de los presidentes autonómicos con mayor retribución.

Así consta en el artículo 3 del estatuto de los ex presidentes de la Generalitat. «Los ex presidentes de la Generalitat, cuando llegan a la edad de sesenta y cinco años, tienen derecho a percibir una pensión de jubilación vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalitat».

Los dos antecesores en el cargo de Torra, Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont, también verán como su pensión vitalicia superior a los 80.000 euros anuales experimenta una mejora. Mas disfrutaba de un sueldo de 136.834 euros, por lo que cuando cumpla los 65 años cobrará 82.100 al año. El prófugo Puigdemont, que cobraba 145.471, contará con una retribución de 87.282 euros.

Más de 85.000 ERTE en Cataluña

Este aumento se produce a las puertas del adelanto electoral en Cataluña que anunció Torra en el mes de enero y que con el estallido de la crisis del coronavirus está interrumpido, al igual que las elecciones en Galicia y País Vasco. Llama notablemente la atención que esta disposición se introduzca en un decreto con medidas para el Covid-19 y en un contexto en el que la sociedad española exige también responsabilidad a los poderes políticos que seguirán cobrando sus sueldos íntegros pese a esta crisis. No así el resto de la ciudadanía. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha dejado ya en paro temporal a un total de 617.558 catalanes, según datos de la Generalitat. Además, el departamento de Trabajo de la Generalitat ha registrado hasta la fecha un total de 83.553 expedientes temporales que afectan a ese volumen de trabajadores.