Los ministros económicos frenan la presión de Iglesias por el Ingreso Mínimo

La gestación del Ingreso Mínimo Vital, en mitad de la grave crisis sanitaria que zarandea al país, está constituyendo un quebradero de cabeza añadido para el Gobierno. No por cuestiones de fondo sobre la medida –que PSOE y Unidas Podemos incluyeron en su acuerdo programático al inicio de la legislatura–, sino por circunstancias provocadas por una soterrada batalla de egos entre algunos ministros y sus equipos y por el deseo de unos y otros por apuntarse la autoría de una medida con gran impacto sobre los colectivos más vulnerables. La cronología de las últimas 72 horas describe bien este escenario.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reconoció ayer problemas de comunicación en la transmisión de esta medida a los medios y a la ciudadanía. Lo hizo tras ver frustrada la presentación del Ingreso Mínimo Vital, que desde su departamento habían confirmado para el jueves. «Lo razonable es que el ministro José Luis Escrivá (Seguridad Social) y yo, que somos los que estamos trabajando esta medida, saliéramos a contar un acuerdo muy importante», aseguró ayer Iglesias en una entrevista en televisión, tras conocer que finalmente los planes de Moncloa no pasaban por una rueda de Prensa, sino por la distribución de una nota a los medios. Fuentes del Ejecutivo reconocen a este diario que el presidente Pedro Sánchez e Iglesias acordaron que el vicepresidente morado y Escrivá comparecieran este jueves para explicar las líneas básicas de esta ayuda.

La conversación entre Sánchez e Iglesias que sirvió para desbloquear la renta mínima tuvo lugar el martes tras la celebración del Consejo de Ministros en Moncloa, con Escrivá ausente. De hecho, el ministro de Seguridad Social reconoció ayer que se había enterado por la Prensa de que, en apenas en unas horas –según la agenda prevista por el equipo de Iglesias– tenía que presentar la medida. Y ésta, según el criterio del ministro socialista, no estaba lista. «Quedaban flecos», reconoció el propio Escrivá en una entrevista radiofónica. Flecos técnicos, pero también de negociación con las comunidades, ya que varios gobiernos regionales aún tienen reparos a la puesta en marcha de la renta mínima y sólo darán su visto bueno cuando el Ejecutivo central garantice que su financiación saldrá de una partida especial de los Presupuestos Generales. Las presiones de Iglesias para presentar la medida chocaron con los argumentos de Escrivá, partidario de cerrar todos los detalles relativos al Ingreso Mínimo Vital antes de explicarlo públicamente. Pero también con la posición que mantienen la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Ambas rechazaron de plano la idea que Iglesias lanzó sin previo aviso la semana pasada para articular un Ingreso Mínimo Puente –extraordinario, vinculado con la crisis del Covid-19 y en vigor únicamente hasta que fuera aprobada la ayuda permanente– y también han sido ellas las que más reparos han puesto a que Iglesias lidere la gestión de esta medida. Fuentes del Ejecutivo de coalición sostienen que tanto los argumentos técnicos de Escrivá como la presión de Calviño y Montero fueron ayer las claves que ayudan a explicar el cambio de planes articulado por Moncloa a lo largo de la mañana de ayer, con la consiguiente anulación de la comparecencia de Escrivá e Iglesias, que este último había pactado con Sánchez dos días antes. El propio Iglesias terminó por asumir esta decisión al avanzar «nuevas reuniones para terminar de definir todos los detalles».

Finalmente, ese sector de ministros del PSOE logró imponer pausa a las ansias de los morados: «Tenemos la intención de que se pueda presentar en el mes de mayo», puntualizó Montero en rueda de Prensa. La portavoz gubernamental monopolizó el foco informativo ayer desde Moncloa, informando sobre los encuentros de Sánchez con los portavoces de los grupos parlamentarios, pero también avanzando algunas de las líneas básicas del Ingreso Mínimo Vital. Mientras, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se despachaba en un breve mensaje la información suplementaria a la que la portavoz había dado ya en rueda de prensa sobre esta renta a los colectivos vulnerables que, se estima, puedan llegar a beneficiar a un millón de hogares, de los que un 10% corresponderían a familias monoparentales.