Estado de excepción

Hace apenas cinco días ya escribí sobre esta cuestión, pero las jornadas transcurridas han confirmado las peores previsiones. Hasta ahora ha habido un amplio consenso entre el Gobierno y la oposición del PP y Cs acerca de la declaración y posteriores ampliaciones del estado de alarma, del que ya se anuncia una tercera prórroga. A la vista de la gestión gubernamental, con la suspensión –que no limitación– de derechos fundamentales, como el de libre deambulación, fijación de residencia o libertad religiosa y de culto, lo que procede es proclamar el estado de excepción. No es una cuestión meramente formal, sino una literal exigencia del art. 55.1 CE. Por si todo esto fuera poco, ahora el CIS se atreve a preguntar si estamos dispuestos a establecer la censura de prensa «para atajar los bulos», algo tan propio de la Venezuela de Chávez y Maduro, que hay que poner pies en pared; una línea roja ante la que decir «hasta aquí hemos llegado».

Le corresponde al Congreso autorizar el estado de excepción, precisando qué derechos y libertades públicas pueden ser suspendidos, y con qué intensidad. Ni el PP ni Cs pueden seguir firmando un cheque en blanco a Sánchez e Iglesias para que dispongan de nuestros derechos y libertades a su antojo, encabezando además la tasa por población de muertos y contagiados a nivel mundial. Ese no es el papel de la oposición, ni en alarma, ni en normalidad.