La Fiscalía investiga en 86 residencias de ancianos la presunta comisión de delitos

Las residencias de ancianos de Madrid y Cataluña son en las que la Fiscalía ha detectado más irregularidades o la presunta comisión de distintos delitos. Desde que saltaron las primeras noticias de fallecimientos por coronavirus de personas que vivián en ellas y la Unidad Militar de Emergencia del Ministerio de Defensa diese también la voz de alerta sobre la situación de las mismas, el Ministerio Público decidió investigar lo que sucedía en las mismas. En un primer momento, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargó al fiscal de Sala del Tribunal Supremo Manuel Doltz que coordinara esa labor; pero, posteriormente, el pasado día uno archivó esas diligencias y dejó en manos de las fiscalías territoriales el control y, en su caso, de la depuración de responsabilidades civiles o penales por las actuaciones irregulares o delictivas que se hubiesen podido cometer en centros ubicados en las comunidades sobre las que tienen competencias. De las casi 5500 residencias de ancianos que hay en España, las sujetas a investigación son 212, lo que representa poco más del dos por ciento.

Homicidio imprudente y lesiones

Así, en estos momentos , hay abiertas un total de 86 diligencias de investigación penal incoadas en sede fiscal respecto a otras tantas residencias; diligencias que se han abierto a raíz de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los establecimientos. En esas diligenicas se investigan, según confimaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, delitos de lesiones y homicidios imprudentes, entre otros.

De estas residencias sobre las que se han incoado diligencias por la presunta comisión de esos delitos, la mayoría se encuentran en la comunidad de Madrid, con un total de 40 centros de mayores investigados. Le sigue Cataluña, con 20 residencias en las que se han podido cometer distintos delitos; Castilla y Léon, con siete7 y Galicia, Extremadura, Castilla La Manca, con cinco residencias investigadas en cada una de esas comunidades, según datos facilitados hoy por la Fiscalía General del Estado,

En el lado opuesto se encuentran Murcia, Islas Baleares, Navarra y Baleares, donde en ninguna de sus residencias de mayores se ha detectado hasta el momento irregularidades graves que hayan determinado incoar diligencias para esclarecer sin en ellas se han cometido delitos.

Además de las diligencias penales, la Fiscalía tiene abiertas otras 121 diligencias civiles, que afectan al mismo número de residencias, que se enmarcan en la labor de protección del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad. Estas diligencias, abiertas en las Fiscalías provinciales y las Fiscalías de las comunidades autónomas, tienen diversos objetos. Así, por un lado, recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito. También en el marco formal de las diligencias civiles, los fiscales han dado respuesta a las solicitudes cursadas por los responsables y trabajadores de los establecimientos, familiares de residentes y otros ciudadanos que han interesado el auxilio del Ministerio Fiscal.

Cataluña, con 50; Castilla y León, con 15, Galicia con 11 y Andalucía con 10, son las comunidades autónomas en las que hay un mayor número de residencias sobre las que se han abierto estas diligencias civiles. En cambio, en Asturias e Islas Baleares no hay ninguna residencia sujeta a investigación de este tipo, es decir, civiles.

Por otro lado, desde el inicio de la actual situación de emergencia sanitaria, la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales, ha realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y/o discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores. En nuestro país existen aproximadamente unas 5457 residencias, públicas y privadas. En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos.

La Fiscalía ha querido reconocer y destacar el “extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros”.