Iglesias pidió eliminar el delito de injurias que ahora persigue

De querer modificar el Código Penal para proteger la libertad de expresión a acogerse a sus artículos –los criticados previamente– para defenderse e incluso envolverse en ellos para pedir amparo a la Fiscalía General del Estado. Una subida y bajada a toda velocidad en una montaña rusa. Es el estado que Podemos ha experimentado en apenas un mes.

La crisis del coronavirus no solo ha vuelto a mostrar la fotografía de división dentro del gobierno de coalición sino también la debilidad del discurso de los morados, que se han visto obligado a rectificar en su estrategia política, una vez que la realidad le ha afectado de lleno como partido integrante del Gobierno de España al recibir críticas continuas por la gestión de la pandemia.

El pasado seis de marzo, la diputada Sofía Fernández Castañón y el portavoz del grupo Enrique Santiago Romero presentaron una proposición de ley orgánica para la derogación de hasta seis artículos del Código Penal relacionados con la libertad de expresión. Entre ellos se encontraba el artículo 504 y 543 del citado código. El primero está destinado a sancionar a quienes «calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma», y el segundo «las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses».

Sin embargo, un mes después de anunciar públicamente su intención de eliminar estos delitos, Unidas Podemos se ha abrazado a ellos y lo ha hecho en hasta tres ocasiones, a pesar de afirmar que uno de esos artículos –el 504– «a penas se ha aplicado», según consta en la proposición de ley orgánica registrada en el Congreso de los Diputados. Precisamente Unidas Podemos se amparaba en que el artículo 504 del Código Penal debía ser eliminado argumentando que «lógicamente las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía». El grupo parlamentario rescata ahora el Código Penal para tratar de ampararse ante las criticas que reciben por la gestión de la crisis.

El partido lo hizo el pasado dos de abril, el siete del mismo mes y ayer volvieron a utilizar el artículo que antes querían eliminar. En la primera ocasión, los diputados Enrique Santiago y Juantxo López de Uralde, firmaban un texto en el que pedían que se iniciaran las acciones penales oportunas por la supuesta comisión de delitos como los de «desorden público por falsedad manifiesta; contra el mercado y los consumidores; calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y delito de simulación de peligro». Denunciaban entonces a un subinspector de la Policía Nacional por difundir vídeos falsos. Poco después, el siete de abril presentaban otra denuncia por «posibles delitos de organización criminal, injurias y amenazas a altas instituciones del Estado» ante la Fiscalía General del Estado, que ya ha abierto diligencias para investigar la posible difusión de bulos a través de las redes sociales para atacar al Gobierno de coalición por su gestión de la crisis del coronavirus. El partido denunciaba una serie de videos que muestran una sala llena de ataúdes y una bolsa que contendría cadáveres en un hospital de Madrid. Unas imágenes que no corresponden a la realidad en España. Se da la circunstancia que los citados escritos a la Fiscalía está firmado por Enrique Santiago, el mismo que firmó la proposición de ley orgánica en el Congreso para despenalizar el art. 504 del Código Penal.

Este lunes, Unidas Podemos ampliaba la denuncia del pasado 2 de abril –sobre la que todavía no hay respuesta formal–, incluyendo que uno de sus difusores era un cargo local de Vox, titular de la cuenta @Romero-Torrent. Para el partido existe una «estructura criminal organizada» para expandir bulos o informaciones tergiversadas y acusa a los denunciados de delitos de «desorden público por falsedad manifiesta en una situación de estado de alarma», así como «delitos contra el mercado y los consumidores; calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y delito de simulación de peligro».

Contradicciones, en la forma y en el fondo. El ahora vicepresidente del Gobierno ya vaticinó a finales de 2019 que su llegada a La Moncloa podría suponer réplicas en las banderas moradas. Los primeros trágalas fueron el nombramiento del director del CIS y el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Estas refutaciones se perpetúan en el tiempo, escenificando la debilidad del discurso de Podemos, una vez ha entrado en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.