Los presos por corrupción superan el centenar

La corrupción es uno de los graves problemas que año tras año se viene denunciando tanto por el presidente del Consejo General del Poder Judicial como por la Fiscalía General del Estado en sus memorias anuales. Se considera que son delitos que menoscaban directamente la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicos, con todo lo que ello supone. Esto ha hecho, por ejemplo, que la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción haya tenido que aumentar en los últimos años. También la mayor parte de los juicios por estos delitos han acabado en condenas.

Se consideran delitos relacionados con la corrupción los relativos a Ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico, prevaricación de funcionarios públicos, Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Los condenados en Gürtel

En estos momentos, y a fecha 1 de abril, en las cárceles españolas hay un total de 110 presos acusados o condenados ya formalmente por haber incurrido en algunos de estos delitos, según los datos facilitados al Consejo General por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, y por la Dirección General de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Todos los sentenciados a penas de prisión por el «caso Gürtel» en prisión se encuentran en esta estadística.

Todos los sentenciados a penas de prisión por el «caso Gürtel» en prisión se encuentran en esta estadística. De estos 110 reclusos, 19 cumplen condenas en cárceles ubicadas en Cataluña, por lo que todo lo relacionado con el régimen de cumplimiento viene determinado por los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña.

Destaca por encima de todo los condenados por el delito de malversación, toda vez que casi el 50 por ciento de quienes cumplen condenas por delitos relacionados con la corrupción lo están por este delito. En concreto, actualmente las cárceles españoles albergan a un total de 46 reclusos condenados por malversación, mientras que, en cambio, no hay ningún preso preventivo al que se le impute el mismo. De esos 46, tres cumplen condenas en prisiones catalanas. Le siguen los condenados por delitos de cohecho, tanto en su vertiente activa como pasiva, es decir, de ofrecer dádiva a funcionarios públicos para obtener alguna resolución favorable como en la de aceptar esas dádivas. Por estos delitos hay un total de 27 reclusos, de los sólo uno está preventivo.

De esta forma, prácticamente un 70 por ciento de los condenados por corrupción lo son por estos dos delitos: malversación y cohecho. A mucha distancia se encuentra quienes están privados de libertad por delitos relacionados con el fraude, toda vez que apenas hay diez condenados por estos hechos, de los que tres se encuentran en centros penitenciarios de Cataluña. Todos los reclusos por este delito están condenados, mientras que, por el contrario, no hay ningún preso preventivo. Por el delito de prevaricación hay seis condenados en las prisiones españoles, todos ellos igualmente penados ya en sentencias condenatorias.

Por otro lado, según datos también del Consejo General del Poder Judicial, a los que ha tenido acceso este diario, en el primer trimestre de este año, hasta el pasado 31 de marzo, se han condenado a 34 personas por delitos relacionados con la corrupción en otras tantas causas. En algunas de ellas fueron condenados varios acusados y un mismo condenado puede tener varias condenas por varios delitos y de distintas causa.

Malversación y prevaricación administrativa han sido los delitos por los que más condenas se han registrado, hasta un total de 11 y nueve procesados fueron condenados por los mismos.

En el lado opuesto se sitúan los delitos relacionados contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa, donde sólo huno un condenado por cada uno de ellos en los tres primeros meses de este año.

En cuanto a las causas penales, las derivadas de malversación y prevaricación fueron también las que más atención requirieron de jueces y tribunales. Por otro lado, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2019 un 71% de las sentencias de 2019 por delitos de corrupción fueron condenatorias. Los juzgados y tribunales dictaron 91 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De ellas, 65 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 71,42% del total. Y, las 26 restantes -el 28,57%- eran absolutorias.

Entre las sentencias condenatorias del pasado año, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados incluye la dictada por el Tribunal Supremo sobre el «procés» contra los políticos que lideraron el intento de independencia de Cataluña, ya que, además del delito de sedición, se les condenó por malversación de caudales públicos, uno de los incluidos en el catálogo de los delitos de corrupción. Otras tres fueron dictadas por la Audiencia Nacional.

En 2019 se abrió juicio oral contra 84 personas, de las 42 de lo fueron en Valencia; 38 en Cataluña, 23 en Andalucía, 21 en Madrid, 19 en Baleares, 15 en Galicia, siete en Asturias, dos en Castilla y León y una en Extremadura, otro en País Vasco y un tercero en la Audiencia Nacional.