Malestar de los socios por el cambio de formato: PNV y ERC protestan

Pedro Sánchez cerró el jueves y viernes de la pasada semana la adhesión de la práctica totalidad de los partidos de la oposición –a excepción de la negativa de Vox y la CUP– a la Mesa de Reconstrucción Social y Económica. Un foro de diálogo entre todas las formaciones para consensuar una respuesta común de país a la crisis del coronavirus. A la espera del plácet del PP, con el que se reunía el lunes, Moncloa fue avanzando durante el fin de semana el trabajo y la oferta de calendario y propuestas que algunas de las formaciones ya le habían demandado conocer. La urgencia era total, porque en el Ejecutivo querían que la Mesa se activara de «manera inmediata» para poder alumbrar progresos antes de que acabara el verano.

Sin embargo, el planteamiento que ofreció el PP para ceder y sumarse al acuerdo destartaló el formato y la agenda que se había diseñado. Pablo Casado pidió que la idea de la Mesa se materializara en una comisión parlamentaria, de manera que fuera el Congreso y no Moncloa quien dirigiera los trabajos y que –de este modo– los partidos tuvieran margen de maniobra para votar y aprobar propuestas. Sánchez aceptó. Decidió primar el acuerdo sobre el formato, pero, por extensión, desbarató el plan de trabajo que ya había trasladado a todas las fuerzas con las que había cerrado su apoyo a una Mesa que ya no será tal.

El malestar entre los socios del Gobierno se hizo palpable y ahonda en su «desconfianza» hacia la forma de operar del Ejecutivo. En concreto, desde el PNV no ocultaban ayer su «sorpresa» y se quejaban de lo que consideraban una «nueva muestra de falta de rigor e improvisación con que se están abordando algunos asuntos nucleares de la crisis del coronavirus». Critican que apenas «unos minutos después» de remitirles la documentación sobre la composición, calendario y puesta en marcha de los trabajos de la Mesa –y tras la reunión de Sánchez con Casado– se les informaba de que el citado foro quedaba en nada y que ahora se vehicularía el diálogo a través de una comisión parlamentaria. Desde fuentes de la formación jeltzale se comprende que Sánchez quiera y necesite contar con el «concurso y participación» del principal partido de la oposición, pero se critica que se haya diseñado y convocado el foro sin haber hablado con el PP ni contar antes con su aprobación.

Por tanto, no se ponen peros al fondo, pues los partidos que habían dado el «sí» a la Mesa estarán también en la casuística de una comisión parlamentaria, sino que se critica la forma de actuar del Ejecutivo. Es más, este formato parlamentario contará con más actores, como es el caso de Vox, que en un primer momento se había negado a participar. Desde Moncloa, por su parte, intentan relativizar el viraje, asegurando que lo importante es lograr un acuerdo y no el formato en el que se logre. «El formato es lo de menos, lo importante es que haya un pacto», aseguró la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Sin embargo, el formato sí tiene importancia, pues permite diluir la influencia y capacidad de liderazgo del Gobierno y dilata los plazos, que ahora quedan a la discrecionalidad del Parlamento. «Será el Congreso quien convoque día y hora de la reunión, así como su formato, pero el Gobierno espera que esto se produzca a la mayor brevedad posible», señaló Montero. El Ejecutivo cede, por tanto, el timón y prueba de ello es que ayer tuvo que llamar a las formaciones políticas para desconvocar la reunión a la que se les habían emplazado para comenzar hoy los trabajos. De un inicio inmediato a que sea la Cámara baja quien marque los tiempos.

En el plan inicial del Gobierno, esta primera cita iba a estar presidida por Sánchez, con presencia de los cuatro vicepresidentes: Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera. Sin embargo, el hecho de llevarla al Congreso obligará a que la representación esté reglada por los partidos y que sean ellos quienes pacten, por ejemplo, quién preside la comisión. PSOE y Unidas Podemos –como formaciones que integran el Gobierno de coalición– podrán hacer sus propuestas, como el Ingreso Mínimo Vital, mientras que los miembros del Ejecutivo solo podrán acudir a la comisión cuando se les requiera «de manera provisional». La propia Montero confirmó que no se ha llegado a un pacto con el PP sobre esta cuestión y que serán todos los partidos en el marco de la citada comisión quienes aborden y discutan la «metodología» que se va a aplicar. La remisión al Congreso supondrá una dilación en los plazos inicialmente previstos, aunque en Moncloa no renuncian a poder impulsar las primeras medidas de consenso en el primer semestre de este año.