El Gobierno ordenó seguir a perfiles que buscan su descrédito

El Gobierno ordenó recientemente a la Guardia Civil que su Unidad de Ciberseguridad investigase cuentas falsas de la ultraderecha en las principales redes sociales que supuestamente buscan perjudicar la imagen del Ejecutivo socialista simulando muchas veces que respaldan su gestión, aunque en realidad persiguen el efecto contrario, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes cercanas al instituto armado.

De hecho, el pasado 9 de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó en el Congreso de los Diputados al líder de Vox, Santiago Abascal, de utilizar «millones de bots que juegan con los bulos, las mentiras y la desinformación». Los bots (término que procede de robot) se utilizan en las redes sociales para hinchar artificialmente el número de seguidores mediante perfiles falsos que simulan ser personas reales. Abascal le replicó en su respuesta en la Cámara Baja: «El Gobierno del bulo ha venido a esparcir mentiras. Lo que ocurre es que Podemos no manda en las redes».

Precisamente en este contexto, el Ministerio de Sanidad ha denunciado que desde la semana pasada es víctima de «actividad fraudulenta por parte de diversas cuentas aparentemente falsas que generan interacciones masivas en la cuenta oficial de Facebook». En otras palabras: que la página oficial de Sanidad en Facebook acumula de forma anómala y difícilmente explicable decenas de miles de «me gusta» en los posts del ministerio.

De igual forma, los perfiles falsos supuestamente utilizados por la ultraderecha –en el sentido más amplio del término– se emplean en muchas ocasiones para atacar directamente la labor del Gobierno, pero son más habituales los comentarios a favor del Ejecutivo que van acompañados, muchas veces, de críticas a sus socios de Unidas Podemos. Pero el objetivo real no es el elogio a Sánchez y sus ministros, sino todo lo contrario, porque lo que se busca es que quien quede en entredicho sea el propio Gobierno como presunto instigador de esas campañas.

No a los «mensajes falsos»

Según las fuentes consultadas, desde principios de abril cientos de bots han aparecido en Twitter con comentarios elogiosos hacia el Gobierno y críticas a Podemos, una campaña que, más que alabar la labor del Ejecutivo, lo que busca realmente es desacreditarle. Para ello se recurre a cuentas con perfiles falsos que utilizan generalmente fotos e identidades de chicas jóvenes que hacen el papel de «trols». Los «trols» son usuarios de identidad desconocida que buscan provocar, ofender o empobrecer, muchas veces con insultos, la conversación en las redes sociales.

Ayer, la ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá, defendió que hay que «proteger a la ciudadanía de mensajes falsos», justo el mismo día en que trascendía que la Guardia Civil pidió a todas sus unidades el pasado día 15 que identificasen en internet y las redes sociales aquellos bulos «susceptibles de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno» en el marco del estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la pandemia de coronavirus.

Celaá dijo ayer que esos bulos «van en contra de los criterios científicos y la integridad de las instituciones públicas», y añadió que el Gobierno no puede «aceptar» unos mensajes que «transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud». La respuesta del PP no se hizo esperar. Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, replicó a Celáa que «esa no es la misión de la Guardia Civil», y que «tampoco es la misión de un Gobierno dedicarse a la persecución de la crítica ni de lo más elemental en democracia, que es el debate y la discrepancia».

Explicaciones de Marlaska

En torno a esta cuestión, los partidos del centro derecha han exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Tanto el Partido Popular, como Vox y Ciudadanos. La portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció la intención de exigir la comparecencia del ministro. Grande-Marlaska, por de pronto, tendrá que hacer frente hoy a una interpelación sobre si el Ejecutivo está limitando los derechos de información y opinión.