“Caso 3%”: imputados cuatro ex consellers por el supuesto blanqueo de comisiones a Convergencia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a cuatro ex consellers de la Generalitat por el supuesto blanqueo de comisiones pagadas por empresarios a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). El magistrado investiga también en una pieza separada del "caso del 3%" a ocho antiguos cargos de la formación.

En una resolución, el instructor acuerda a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tomar declaración en calidad de investigados, aún sin fecha, tanto a Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías como a los ex cargos de la formación nacionalista Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, GLoria Renom, Xavier Crespo, Montserrat Candini y Eduard Freixes.

La investigación judicial ha puesto de relieve, según el magistrado, que altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones catalanas y con distintos empresarios pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a la formación de manera “encubierta”. Para lograr ese objetivo, distintos altos cargos convergentes controlaban de forma “exhaustiva” las licitaciones y concursos de obra pública de diferentes administraciones e “influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal”.

Esos empresarios se concertaron con altos cargos de CDC, continúa el relato del juez, para realizar “pagos encubiertos” al partido “bajo la apariencia de donaciones” a través de las fundaciones Catdem y Fundació Forum Barcelona. En unos casos, directamente a cambio de adjudicaciones y en otros, para “congraciarse con el partido” y así “hacerse acreedores” a futuras adjudicaciones.

Entre 2000 y 2007, recuerda el juez, las entregas en efectivo sumaron en total 3,7 millones de euros que fueron entregados a los tesoreros de CDC. Pero De la Mata asegura que esa estructura de financiación ilegal no se limita a los períodos temporales investigados en este procedimiento.

Las fechas en las que se producen las donaciones de las personas ahora investigadas, recalca el instructor, “son extraordinariamente próximas”, con un patrón coincidente: o bien se realizan dos donaciones por un alto importe (3.000 euros) “con separación de apenas unos días” o bien varias personas efectúan en un mismo día esas aportaciones “casualmente siempre del mismo importe redondo de 3.000 euros”.

Esas donaciones, que abarcan de 2008 a 2013, recalca De la Mata, “no son aparentemente cuotas de afiliados” ni aportaciones voluntarias de cargos electos al partido, ni correspondían a una campaña que hubiera llevado a cabo la formación pidiendo un “esfuerzo extra” a sus militantes y cargos públicos (pues entre 2008 y 2010 no existió ninguna similar). Además, añade, no se repitieron en años posteriores. En total, el juez imputa a los doce investigados el pago de 41 comisiones que suman en conjunto 123.000 euros. Los ex consellers Jané (cuatro entre diciembre de 2008 y diciembre de 2013), Puig (tres entre diciembre de 2008 y noviembre de 2010), Rigau (tres entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2010) y Macías (cuatro de diciembre de 2008 a diciembre de 2013) están incluidos en esa relación.

No es una causa general contra CDC

Para De la Mata existen indicios de que la “generación y posesión de dinero en efectivo, no declarado”, por parte de Convergencia, “procedente de empresas que buscan con ello ser beneficiadas en la contratación pública”. Una estrategia de financiación presuntamente irregular, dice, que se impulsó con los años “con un perfecto despliegue territorial e institucional, y con la colaboración de empresarios conniventes, por un lado, y de autoridades y funcionarios públicos próximos a CDC, por otro”.

En definitiva, en opinión del juez de la Audiencia Nacional se trataba de “una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico-financiera de CDC para financiar ilícitamente al partido mediante la venta de influencias en la adjudicación de contratos públicos”. El liderazgo de esa supuesta red corrupta, continúa, estaba integrado por varias personas, que se encargaban de llevar a cabo “la estrategia acordada por los líderes” y de distribuir los fondos ilícitos obtenidos.

El instructor niega que esté impulsando una causa general contra CDC y subraya que lo que se investiga es la supuesta financiación irregular de la formación y “los distintos mecanismos que CDC fue poniendo en marcha para ocultar y disimular la procedencia del dinero que llegaba al partido”. En ese sentido, se refiere a la “solidez” de los indicios que apuntan a que en realidad esas donaciones “son actos de afloramiento de dinero procedente de delitos realizados por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido para incorporar a la vida ilícita las cantidades en efectivo que habían llegado al partido” procedentes de donaciones de empresarios.