PSOE y Podemos marginan al PP en el pacto de reconstrucción

El Gobierno no está dispuesto a que su iniciativa de alumbrar una mesa de partidos para pilotar la salida de la crisis del coronavirus naufrague por las maniobras del PP, que –consideran– trata de dilatar los plazos y difuminar la influencia de Moncloa llevándola al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez aceptó reconvertir el foro de diálogo sobre la reconstrucción social y económica en una comisión parlamentaria para atraer al PP al acuerdo, pero una vez conseguida su confirmación para participar, ha vuelto a actuar de manera unilateral, imprimiendo premura a los tiempos sin contar con el principal partido de la oposición. Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registraron ayer en el Congreso la creación de una «Comisión Permanente para la Reconstrucción Social y Económica» bajo sus propias reglas. Después de evitar su puesta en marcha en la reunión de la Mesa de la Cámara del pasado martes, ahora se pisa el acelerador para que se apruebe, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en su reunión del próximo martes día 28 de abril.

La propuesta se ha hecho sin consensuar el texto con el PP para que el esquema de trabajo obedezca a lo que deseaba el Gobierno y no a lo que quería el principal partido de la oposición. A pesar de haber llegado a un acuerdo con los populares sobre el formato parlamentario, existen fundadas discrepancias entre ambas formaciones sobre quién debe presidir la comisión y sobre el objeto de sus trabajos. Mientras que el PSOE quiere que verse sobre cuatro áreas de trabajo orientadas a relanzar el país tras la pandemia: reforzar la sanidad pública; reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea; los populares buscan que se fiscalice también la gestión del Gobierno durante el periodo del estado de alarma. Esto ha generado malestar en el PSOE que no quiere que este órgano parlamentario se convierta en una comisión de investigación de la labor del Ejecutivo, en lugar de un instrumento para reconstruir el país tras el impacto del coronavirus. Un formato que al Gobierno le interesa que permita una asunción global de la responsabilidad de poner en marcha severas medidas para garantizar la recuperación social y económica tras las consecuencias de la pandemia.

Para evitarlo, los partidos del Gobierno han propuesto su propio diseño de la comisión y que los trabajos se desarrollen en base a las cuatro áreas descritas anteriormente. La comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de estos trabajos.

La comisión tendrá una composición plural, con representación de todas las fuerzas políticas con presencia parlamentaria, de manera que los acuerdos se adopten mediante el criterio del voto ponderado. Estará compuesta concretamente por 46 miembros, de los cuales 13 corresponderán al PSOE; nueve al PP; cinco a Vox; cuatro a Unidas Podemos; uno a los grupos de ERC, PNV, Ciudadanos y Bildu; cuatro al Grupo Plural y siete al Grupo Mixto, uno por cada uno de los partidos que los integran.

El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la comisión es de dos meses, hasta junio, que podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces. Aunque en un primer momento el Ejecutivo quería que estos pactos se desarrollaran en el ámbito de Moncloa, finalmente se ha considerado que es el Congreso la instancia más legitimada y eficaz para albergar la comisión.

En paralelo al registro de la comisión parlamentaria para que los trabajos comiencen cuanto antes, Moncloa mantiene la ofensiva sobre el líder del PP en su estrategia de que los pactos de reconstrucción se reediten en todos los territorios «gobierne quien gobierne». Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, avaló explícitamente la actitud del PSOE en aquellos lugares en los que desde el gobierno o la oposición ha defendido una alianza de estas características.

Montero citó explícitamente los casos de la Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía o Castilla y León como ejemplos en los que se ha aceptado o lanzado un ofrecimiento para «caminar en la misma dirección» hacia esta reconstrucción. «Este es el espíritu, poner el interés general por delante del partidista para alumbrar medidas útiles con bases acordadas para lograr unos cimientos sólidos para la reconstrucción», señaló para apuntar: «Ceder un poco para ganar mucho».