El ex juez Garzón y otros 30 juristas respaldan a Iglesias tras el comunicado del CGPJ

Alrededor de 30 juristas encabezados por el ex magistrado Baltasar Garzón o el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín firman un manifiesto de apoyo directo a la libertad de expresión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El manifiesto se produce a raíz del comunicado emitido por el Consejo General del Poder Judicial de este jueves en el que hacían público su “profundo malestar” ante el tuit del también secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el que criticaba la condena a 19 meses de prisión a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra.

En el manifiesto, los juristas tildan de “interferencia inadmisible” la reacción del CGPJ al citado tuit y respaldan el derecho constitucional de Pablo Iglesias a expresar sus opiniones. Recuerdan que, la libertad de expresión está reconocida en la Constitución y que “solo puede ser objeto de limitación cuando concurran circunstancias especialmente relevantes”.

Los juristas y catedráticos, censuran como “grave, muy grave” que desde “el CGPJ se efectúe una “amonestación” a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno”. Aseguran que Pablo Iglesias "ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible “cuestionar una actuación judicial”.

A la llamada de Garzón y Martín Pallín le siguen catedráticos y juristas como Fernando Salinas, magistrado emérito del TS, Joaquín Aparicio Tovar, catedrático emérito Derecho del Trabajo y Seguridad Social; María José Fariñas Dulce, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid; Amparo Merino Segovia, profesora titular de Derecho del Trabajo y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha; Francisco SerraGiménez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, entre otros.

A su juicio, la nota del CGPJ, supone una "interferencia inadmisible en un Estado de Derecho y confunde la independencia judicial tan alegada en ese texto con la presión corporativa contra una opinión libre, tergiversando por cierto los términos de la misma, llegando a afirmar que en la misma se establecía una “sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles”, lo que resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje.

También, aducen que “la sentencia incurre en graves errores de paradigma probatorio”, y vuelven a respaldar que “cualquier ciudadano, incluso un vicepresidente del Gobierno, tiene derecho a opinar sobe ello". A través del comunicado, los juristas condenan la “censura” a Pablo Iglesias por haber opinado sobre la sentencia. “No se respeta la independencia judicial eludiendo la crítica a las decisiones de los jueces. Manifestamos con toda nuestra contundencia nuestra convicción democrática que impide restringir la crítica y cuestionar las resoluciones judiciales como un derecho ciudadano fundamental", afirman.

Se amparan en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así lo defiende, estableciendo que solo está "justificada la limitación de la libertad de expresión cuando “las conductas supongan un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito”.