El Portal de Transparencia lleva al menos tres meses sin contestar

El decreto de estado de alarma trajo consigo varias limitaciones como la de movimiento y la empresarial. También otra que ha pasado un tanto inadvertida: la suspensión de los plazos del derecho a la información de interés público. Sin embargo, tal y como ha podido comprobar este medio, esta herramienta lleva, al menos, tres meses sin responder a las solicitudes.

En los meses de enero y febrero LA RAZÓN preguntó al organismo público sobre dos asuntos relacionados con la actividad del recién formado Ejecutivo de coalición. El 21 de enero, con motivo de la participación del presidente Pedro Sánchez en el Foro Económico de Davos, se envío una pregunta relacionada con el coste de este viaje. Sánchez, acompañado por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, viajó por segundo año consecutivo a esta exclusiva cita anual del poder económico y político mundial. Sin embargo, durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, el máximo representante español en el foro de Davos fue siempre el ministro de Economía, Luis de Guindos, reduciendo el coste del viaje al tratarse de un solo representante, de ahí el interés de la cuestión.

Dos semanas después, se envió otra pregunta al organismo, relacionada con el coste de la reunión que mantuvo el Gobierno en la finca de Quintos de Mora (Toledo) el 8 de febrero de 2020 así como el número total de personas desplazadas, cargos políticos del Ejecutivo, altos cargos, personal eventual y empleados públicos. La de este año fue la segunda ocasión que Sánchez decidió organizar esta «jornada de convivencia» en la finca con el objetivo de estrechar lazos y aumentar la unidad de un gobierno en el que las discrepancias y las contradicciones entre PSOE y Unidas Podemos son habituales. Ese retiro no sale gratis a los ciudadanos, ya que tener a punto la finca de fin de semana supone un gran desembolso para las arcas públicas.

Ninguna de estas dos preguntas recibieron respuestas pese a que Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que regula estas peticiones establece que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano.

Por lo tanto, este Gobierno ya ocultaba información relacionada con el coste de sus acciones. La diferencia es que, ahora, aprovechó el estado de alarma para neutralizar al Portal de Transparencia. Con esta triquiñuela, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar sobre aspectos tan relevantes como los costes de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario y que están siendo tan polémicos, a no ser que sea por decisión propia. Precisamente, ante la presión de la opinión pública tuvo que revelar quién fue su intermediario en la compra de los tests fraudulentos a la compañía china BioEasy y que gestionó el proveedor InterPharma.

Ante esta paralización del organismo, fuentes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, –el organismo público que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia– reconocen a LA RAZÓN que la información debe garantizarse siempre, a pesar de lo complejas que sean las circunstancias actuales. Aunque, son conscientes de las especiales circunstancias que afrontan las instituciones públicas. Sin embargo, recuerdan que la transparencia es «un elemento clave en la actuación de las Administraciones Públicas y no solo cuando nos encontramos ante una crisis como la actual» y entienden que, «ante el desconocimiento que aún tenemos del comportamiento del virus y ante la situación inédita que viven nuestras instituciones» la ciudadanía «requiera más información y de mayor calidad y detalle».

De hecho, el portal de Transparencia sirve de herramienta útil ante las noticias falsas y bulos. Ante esa situación, el Consejo de Transparencia reclama transparencia, porque «es el antídoto a las noticias falsas» . «Si los ciudadanos conocen que existe información veraz y fidedigna, y dónde encontrarla, acudirán a estas fuentes y tendrán criterio para rechazar datos y noticias que no se atengan a la verdad», zanja.